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El fiscal Martín Pezzetta, formuló cargos contra el dirigente gremial Rodolfo Aguiar por los delitos de daño agravado, coacción agravada por ser cometidos contra bienes del Estado y contra un funcionario público en ejercicio de funciones. Se trata del ataque a la Comisaría de Contralmirante Cordero, ocurrido el 19 de mayo de este año.
Ayer se informó que el imputado se abstuvo de declarar y la situación procesal de los tres acusados se resolverá en los próximos 10 días hábiles.
“Tenemos prueba suficiente para llegar a juicio y eventualmente solicitar una condena”, expresó el fiscal Pezzetta al salir de la audiencia. El miércoles 9 prestaron declaración indagatoria las dos dirigentes Ñanco y Fernández, quienes también se encuentran imputadas en la causas. En esa oportunidad, el representante del Ministerio Público había adelantado que no “consentiría beneficios procesales”.
Según fuentes judiciales, Pezzetta agregó que entendió que correspondía hacer lugar a la eximición de prisión de Aguiar y que no sea detenido después de la audiencia, porque la detención dispuesta en su momento el único objetivo que persiguió fue recepcionarle declaración indagatoria.
“El objetivo de la detención fue poder llevar a cabo la formulación de cargos y avanzar con el proceso, por lo que cumplida la audiencia, no habiendo peligro de fuga ni posibilidad de entorpecer la investigación, corresponde que continúe en libertad durante el proceso”, explicó.
En cuanto al hecho que le se endilga a Aguiar, el fiscal explicó que sucedió el 19 de mayo en horas cercanas al mediodía y que contemplaba dos situaciones. La primera tuvo que ver con una protesta que encabezaban en la cual reclamaron violentamente al intendente Gustavo Pita que saliera de la Comisaría, donde se encontraba en ese momento, para negociar beneficios salariales.
Ante la negativa del intendente, los integrantes del gremio atacaron el edificio de la Comisaría 46° de Cordero, dañando con manchas de huevo el revoque del edificio para posteriormente destruir una gran cantidad de vidrios, ventanas y la puerta principal de la sede policial.
Los delitos previstos por estos hechos prevén las penas entre 3 meses y 4 años para el daño agravado y de 5 a 10 años para la coacción agravada.
Aclaración oficial respecto de beneficios procesales
En los procesos penales, existen distintos tipos de beneficios que se denominan Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, entre los que se pueden mencionar el criterio de oportunidad o la suspensión de juicio a prueba. El fiscal Martín Pezzetta, aclaró oportunamente que dictaminará en contra de otorgarle estos institutos al dirigente sindical, porque los hechos que se investigan son graves y las penas no habilitan a acceder a los mencionados beneficios.
Sin embargo, lo anterior no quiere decir que el fiscal pretenda que Aguiar atraviese lo que resta de la investigación y el juicio privado de su libertad. “Tenemos prueba suficiente para llegar a un juicio y personalmente creo que podemos obtener un condena, sin embargo, lo anterior no quiere decir que corresponda detener a Aguiar en esta etapa del proceso. Una vez realizado el juicio los jueces determinarán si corresponde que haya una condena y como será su cumplimiento”, aseveró.
Finalmente, confió que “gracias al trabajo desarrollado por su equipo y la gran cantidad de pruebas que constan en el expediente, “en el momento del juicio lograremos comprobar que los imputados cometieron los hechos y las acciones, tal como los describimos hoy en la audiencia de formulación de cargos”.
