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“El objetivo buscado por la presente norma es garantizar la protección
del Estado de derecho, los derechos esenciales de los individuos y la continuidad de los servicios básicos del Estado, tales como educación, salud, justicia y seguridad”, afirmó el gobernador Weretilneck al declarar el estado de emergencia económica- financiera del sector público provincial .
La medida fue implementada a través del decreto ley 01, emitido el 24 de noviembre y difundido el jueves pasado.
“En esencia, se trata de hacer posible el ejercicio de facultades indispensables para armonizar los derechos y garantías individuales con las conveniencias generales, para de esta manera impedir que los derechos amparados por estas garantías, además de correr el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación estatal, pudieran alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la comunidad en general”.
Weretilneck aseguró que “la emergencia no suprime la legitimidad constitucional sino que la garantiza por medios extraordinarios. La legislación de emergencia, no es inconstitucional, ni confiscatoria, ni conculcatoria de garantías constitucionales, sino que constituye el único medio idóneo del Estado Provincial para superar la crisis estructural de la economía nacional y provincial que -al amenazar el sistema económico- también afecta a los derechos contenidos en aquel”.
Admitió que “si bien se han ido obteniendo progresos significativos, el proceso de recuperación provincial enfrenta nuevos desafíos, que exigen el afianzamiento de medidas encaminadas a asegurar la sustentabilidad de un crecimiento que se ve continuamente afectado por factores internos y externos que condicionan los objetivos sociales, económicos y financieros locales”.
También aceptó que “producto de la recesión de la actividad económica se ha comprometido el proceso de normalización de las cuentas fiscales de la provincia. Que los recursos nacionales representan la mayor parte de los ingresos corrientes provinciales”.
Agregó: “los niveles transferidos no han logran alcanzar los valores presupuestados y la recaudación de este año crece a un ritmo mucho menor que la inflación, siendo los fondos coparticipados a la provincia negativos en términos reales y dificultan el recorte del déficit fiscal”.
“Atento a lo expuesto, la provincia se vio en la necesidad de implementar herramientas alternativas de financiamiento de Tesorería como el Programa de Letras de Tesorería ejecutado en el ciclo 2016 y proyectando para el presupuesto 2017 un nuevo programa para afrontar la deuda flotante existente como así también bonos de consolidación”.
“El Gobierno de la provincia viene ejecutando una política tendiente a revertir la dificultosa situación por la cual está atravesando el sector público provincial, dependiendo su éxito de las variables económicas del Estado Nacional, por lo que no queda otro camino que declarar la emergencia hasta que se logre las condiciones objetivas quo permitan su superación”.
“Las circunstancias expuestas y los plazos involucrados, configuran la necesidad y urgencia para el dictado del presente instrumento normativo, toda vez que resulta la vía constitucional idónea para efectivizar en forma inmediata la entrada en vigencia de la presente norma”.
