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Durante un procedimiento encabezado por la jueza de Instrucción Margarita Carrasco, que incluyó la intervención de varios organismos públicos, se logró este jueves por la mañana desalojar y reintegrar inmediatamente a su legítima propietaria una vivienda usurpada en enero pasado en Roca.
En la mañana del miércoles, la damnificada había reclamado en el edificio de Tribunales que los organismos competentes llevaran adelante la medida de desalojo que había sido oportunamente ordenada por la jueza, la cual no había podido instrumentarse debido a “la permanente presencia de numerosos menores de edad en situación de vulnerabilidad en la vivienda ocupada”.
Finalmente este jueves, desde el juzgado, se logró coordinar un procedimiento con la intervención simultánea de efectivos policiales de la Comisaría 21 y el grupo especial COER, operadores del Organismo Proteccional de Promoción Familiar PIDNAF, personal del Hospital Francisco López Lima y Bomberos Voluntarios.
También participaron los fiscales de la UFT N° 2 Silvana García y Ricardo Romero, las defensoras de Menores Alicia Terraza y Estela Aroca y autoridades de la Unidad Regional Segunda de Policía. En tanto que la damnificada, acompañada por operadoras de la Oficina de Atención a la Víctima, acudió al lugar al finalizar el procedimiento y recuperó inmediatamente la posesión del inmueble.
El allanamiento en la vivienda, ubicada en la calle Libertad al 2800, fue encabezado por la titular del Juzgado de Instrucción y por el secretario del Tribunal, Pedro Urra.
Al momento de la diligencia había siete personas adultas y un menor de edad en la vivienda y el desalojo pudo concretarse sin complicaciones ni resistencia por parte de los ocupantes.
Desde el Juzgado informaron que una vez desocupada la casa se procedió a inspeccionarla y se detectaron destrozos y faltantes, por lo que se iniciaron actuaciones judiciales por los presuntos delitos de daño y hurto. También se abrieron actuaciones de oficio para tratar de establecer la identidad del menor de edad que estaba en la vivienda, quien carecía de todo tipo de documentación que permitiera acreditar su filiación.
Estado de la causa
La investigación penal por la ocupación ilegal del inmueble tiene en la actualidad a seis personas adultas -hombres y mujeres-, procesadas con procesamiento firme como presuntos coautores del delito de “usurpación”. Al momento de dictar el procesamiento, la titular del Juzgado, Margarita Carrasco, ordenó también el desalojo del inmueble. Sin embargo, aquella medida no había podido ser cumplimentada por una combinación de factores que hacían sumamente compleja su ejecución.
Desde el juzgado se informó que en las últimas semanas se realizaron, a través de la Policía, varias constataciones en el domicilio como medida previa al desalojo, detectándose en todas las ocasiones la presencia de un número variable de menores de edad, que iba desde 4 a 12 niños, todos en apariencia familiares directos de las personas imputadas. Además, se verificó la presencia de un adulto mayor con discapacidad motriz.
Aquella circunstancia, sumada a la reticencia al desalojo manifestada por los ocupantes, hacía imprescindible la intervención coordinada entre las fuerzas de seguridad y los dispositivos del Organismo Proteccional PIDNAF, así como la participación de personal de Salud Pública y Bomberos, para poder concretar la orden judicial con seguridad y con el debido resguardo de los menores de edad.
Esa coordinación de acciones había sido ordenada desde el juzgado mediante sucesivos oficios a las distintas dependencias y finalmente pudo materializarse hoy.
FOTO ARCHIVO ILUSTRATIVA
