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Finalizó el miércoles el juicio oral contra un suelo de Río Colorado acusado de abusar sexualmente de su nieta de cuatro años. La fiscal de Cámara Graciela Echegaray solicitó la pena de seis años de prisión efectiva por considerarlo autor del delito de “abuso sexual simple reiterado en un número de veces que no se ha podido determinar, agravado por resultar ascendiente de la menor víctima”.
De esa manera, la fiscal acusó con la misma calificación legal realizada en la requisitoria de elevación a juicio.
La funcionaria judicial realizó un análisis de la figura del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”, remarcando que “había elementos para hacerlo”, entendiendo que “si la Cámara Gesell realizada en su momento, hubiera brindado mayores elementos, factiblemente la calificación hubiese sido por ese delito”.
En su alegato, Echegaray fundamentó la pena solicitada acreditando el grado de reiteración de los hechos en un número indeterminado de veces y la autoría del imputado, conforme a los elementos probatorios recolectados.
Destacó la denuncia penal, las declaraciones testimoniales de la madre, del padre, de las funcionarias judiciales y de las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas sobre la víctima.
Remarcó que los informes periciales dictaminan que “no existen indicadores en su relato que puedan asociarse a una tendencia hacia la fabulación de los hechos, que la niña hace una selección consciente de lo que quiere decir, que el discurso no es construido por adultos y que no se advierte un mecanismo evitativo en la víctima”.
De acuerdo con la acusación de la fiscal, al imputado se le atribuyen hechos “ocurridos en reiteradas oportunidades, con anterioridad al 30 de noviembre de 2010, en la ciudad de Río Colorado, en las que efectuó tocamientos en las partes íntimas de su nieta, en ocasión en que éste la llevaba al jardín o cuando estaban en la casa del imputado”.
Eso quedó acreditado fundamentalmente por el testimonio de la maestra y de los padres de la menor, sostuvo Echegaray
La defensora de Menores e Incapaces, Alicia Terraza adhirió a la pena y a la calificación legal planteada por la Fiscalía, mientras que el abogado particular Damián Torres (en representación de la madre de la víctima, querellante en la causa) solicitó la pena de seis años y seis meses de prisión efectiva.
Por su parte, los abogados defensores Marcelo Herzig Gorriarán y Guadalupe García solicitaron la absolución de su defendido, alegando que no se acreditaron los hechos que se le imputan, basados en el testimonio de la menor en la Cámara Gesell.
En el juicio declararon 11 testigos, entre ellos la madre y el padre de la menor de edad, dos técnicas psicólogas que elaboraron la apreciación psicológica de la Cámara Gesell, una maestra del jardín, un médico, una funcionaria judicial, quiénes prestaron testimonio en la primera audiencia. Ayer declararon la abuela materna de la víctima, un perito psiquiatra que atendió a la menor, otra funcionaria judicial y la hija del imputado.
El imputado, quién se encuentra procesado, se abstuvo de declarar en las dos jornadas que duró el debate, mientras que en la etapa de instrucción, negó los hechos denunciados.
La audiencia de hoy se desarrolló a puertas cerradas por tratarse la víctima de una menor de edad. La sentencia se conocerá el 8 marzo a las 12:30 y estará a cargo de los jueces María Evelina García Balduini, Gastón Martín y Alejandro Pellizzon.
Solicitan elevación a juicio por facilitación de pornografía infantil
La fiscal Paula Rodríguez Frandsen requirió la elevación a juicio de la causa en la que se le imputa a un hombre mayor de edad el delito de facilitación de pornografía infantil. La hipótesis fiscal sostiene que el imputado, de 26 años, compartió más de medio millar de fotografías y videos con imágenes sexuales explícitas de menores de edad, todo a través del programa “ARES”.
En su presentación, la titular de la Fiscalía de Delitos contra las Personas explicó que la investigación se inició con un reporte de la red CyberTipLine que alerta cuando distintos usuarios comparten contenido de tipo pornográfico que incluya a menores de edad.
A partir de entonces se dispuso un allanamiento en la vivienda del joven, en el que se secuestraron distintos dispositivos informáticos que fueron peritados por expertos del Poder Judicial. Así se determinó la presencia de 516 archivos, entre fotos y videos, con contenido sexual infantil, que eran compartidos a través del programa de tipo P2P denominado “Ares”.
Ese contenido estuvo disponible para ser descargado por cualquier usuario entre el 16 de febrero de 2015 y el 27 de septiembre de 2016.
Durante la investigación se realizaron dos allanamientos en los que se secuestraron más de quince elementos informáticos entre los que se contaban computadoras, teléfonos celulares, tablets, cámaras fotográficas, pendrives y memorias.
Además, se llevaron a cabo distintas medidas de prueba, destacándose informes técnicos y pericias forenses, declaraciones testimoniales, la propia indagatoria del imputado e informes psicológicos realizados al joven.
Desde el inicio de la pesquisa, la fiscal solicitó medidas cautelares tales como la prohibición de acercamiento del imputado a escuelas y clubes deportivos a los que concurran menores de edad.
En cuanto a la calificación legal, se trata de un caso de facilitación de la pornografía infantil, que se encuentra reprimido por el artículo 128 primer párrafo del Código Penal y prevé penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.
