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Enviarán a juicio ante la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti una causa que tiene como damnificados a 53 socios de una cooperativa de viviendas. La titular de esa entidad está procesada por posible administración fraudulenta.
El jueves quedó firme el procesamiento de la imputada Blanca Pereira, a quién la jueza de instrucción Florencia Caruso le atribuyó el delito de “administración fraudulenta”. La acusada fue la presidenta de la cooperativa ACTTYA, informaron fuentes judiciales.
Se pudo establecer en el procesamiento que “Blanca Pereira realizó un plano de urbanización que no cumplía los recaudos establecidos por el Código Urbano, como que las calles tendrían cinco metros cuando el código exige un mínimo de 15 metros, restándole las veredas, quedaría una calzada de ocho metros. De esta forma, tenía un plano con 147 lotes, los cuáles fueron vendidos a distintos socios, pero al realizar el nuevo loteo surgió que solo entraban 116 lotes, quedando de esta forma 31 socios sin sus lotes, ya abonados”.
“Además de ello, algunos socios renunciaron antes de que descubrieran la maniobra de la ex presidenta, a los cuáles nunca se les devolvió el dinero, cuando la Ley de Cooperativas exige que cuando existe un ahorro en relación a inmuebles hay que restituirlo”.
“Estos lotes luego eran revendidos por Pereira, sin discutirlo previamente en asamblea, a otros asociados, los cuáles abonaban $20.000 cuando los originarios habían abonado $6.000. También cobraba $2.000 a cada socio para limpieza y para cercar el inmueble, calculando que más o menos se había recaudado en ese concepto $200.000, pero solo se limpió un fragmento del terreno, como así también el cerco perimetral era con postes de madera y tres hebras de alambre, cuando debió ser de postes de hierro y malla”.
“Además, cada socio abonaba una cuota de sostenimiento (entre $70 y $180 por socio), para una mensura, pero nunca la hizo, desconociendo cuál fue el destino que le dio a ese dinero”.
Según los damnificados, la cooperativa compraría dos chacras, una ubicada en Esmeralda y Circunvalación y la otra en Circunvalación y Naciones Unidas, frente al Barrio Anai Mapu. Los hechos, surge del procesamiento, ocurrieron en un período comprendido entre el año 2008 y septiembre de 2009.
Dice la resolución: “Dichas maniobras defraudatorias consistieron en el manejo individual y discrecional de los pagos efectuados por los socios de la cooperativa, en concepto de compra de terreno, gastos de limpieza, tasas y gastos varios; la oferta y posterior venta de lotes en terrenos sobre los cuales la cooperativa inició negociaciones pero nunca adquirió efectivamente; la exigencia al agrimensor de que confeccionara la subdivisión de las parcelas sin respetar las dimensiones exigidas por el municipio respecto a lo destinado a espacios verdes y espacio fiscal, todo ello con el objeto de lograr vender un número mayor de lotes, resultando un perjuicio económico para la Cooperativa por un importe total de $342.872, perjudicando los intereses confiados por los socios de la Cooperativa y afectando en particular a 53 cooperativistas, según se desprende de la pericia contable agregada a fojas 821/822″.
