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En los alegatos expuestos este sábado, el fiscal de Cipolletti Gustavo Herrera consideró que se logró probar la autoría de un acusado por fraude a la administración pública. La maniobra diseñada por el ex jefe de despacho de la Cámara Civil de Cipolletti consistía en la confección de oficios de cobro falsos, que referenciaban expedientes judiciales reales y que efectivamente fueron liquidados por ante una entidad bancaria.
El fiscal solicitó seis años de cárcel para quien, según la hipótesis fiscal, sería el ideólogo de la maniobra estafatoria.
Para las personas que procedían al cobro de los oficios requirió la absolución, considerando que fueron engañados por el líder de la banda y que habían incurrido en un error de antijuridicidad.
Durante su exposición que duró alrededor de una hora, el representante del Ministerio Público hizo “un pormenorizado análisis respondiendo las distintas preguntas de investigación y confirmando su teoría”.
Se centró en explicar los motivos por los cuales el protagonista del hecho debía ser un integrante de la Cámara Civil de Cipolletti y fue descartando uno a uno a los distintos trabajadores y funcionarios hasta que sólo quedó el jefe de despacho como posible autor.
A partir de ahí, se explicó las pruebas que había en su contra, que se centran en tres núcleos principales, entre ellas una pericia informática, una pericia contable y el entrecruzamiento de más de un centenar de llamadas telefónicas entre abonados que utilizaría el acusado y familiares directos y uno de los cobradores de los oficios falsos.
Por otro lado, analizó que el acusado ostentaba una posición privilegiada en el Tribunal, toda vez que controlaba el despacho, tenía conocimientos informáticos específicos para cometer el ilícito y tanto los funcionarios como los auxiliares presentaban confianza en él.
Finalmente, se informó que la sentencia, que estará a cargo de la Cámara Primera en lo Criminal, se conocerá el 17 de este mes.
