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La fiscal barilochense Betiana Cendón formuló hoy cargos a un individuo por el delito de privación Ilegítima de la libertad agravado por el uso de un arma de fuego en calidad de coautor. El sujeto fue detenido el jueves como resultado de diversas diligencias que se llevaron a cabo a partir de la declaración de la propia víctima.
Se le atribuye al imputado el hecho ocurrido el 30 de agosto momentos en que Cintia Belmar fue a dejar a su hijo menor de edad al Jardín Nº 16 y fue interceptada por un sujeto que descendió de una camioneta color rojo quien la obligó a subirse en contra de su voluntad, portando un arma de fuego. Posteriormente fue trasladada hacia otro vehículo, cuya propiedad se le adjudica al imputado.
El accionar del individuo, según la acusación, fue el de retener y privar ilegitimamente de la libertad de la joven de manera violenta, utilizando para ello un arma de fuego no identificada hasta el momento.
El arma le fue exhibida a la víctima en forma intimidatoria y de esa manera mantenerla retenida en contra de su voluntad. A la mañana siguiente del hecho, la joven pudo escapar de la vivienda por sus propios medios sin que el imputado advierta tal situación. Al salir solicitó ayuda a una persona que circulaba en un taxi, consiguiendo de esa manera escapar de la privación ilegitima a la cual estaba siendo sometida.
Fundamentan la solicitud “diversos elementos probatorios que constan en el legajo. Solicitó la fiscalía un plazo de 30 días para culminar la investigación y pidió una medida cautelar de 10 días por el riesgo de entorpecimiento en la investigación”.
El imputado, acompañado por la defensa, hizo uso del derecho a declarar en la que dió su versión de lo sucedido y negó la entidad de los hechos endilgados. La defensa requirió se dicte la prisión domiciliaria con tobillera electromagnética por considerar que tiene demostrado el arraigo, domicilio y trabajo fijo.
El juez Marcos Burgos dio por formulados los cargos, otorgó el plazo de los 30 días para la investigación y la medida cautelar de 10 días de prisión por considerar el estado de vulnerabilidad de la víctima.
