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Un fiscal de Cipolletti se reunió con los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Fernández Oro para interiorizarlos de la intimación al desalojo a ocupantes de un predio privado en esa localidad.
Gustavo Herrera les hizo saber que “la decisión del Ministerio Público es avanzar con el desalojo forzoso y la causa judicial por usurpación por la cual ya se han formulado cargos a un importante grupo de personas. A pesar de lo anterior, abogó a aunar esfuerzos entre todos los presentes para encontrar una solución integral al conflicto”.
De la audiencia participaron, además de las autoridades locales, los representantes legales del municipio y del Concejo Deliberante, autoridades de la firma dueña de los terrenos ocupados y propietarios de las chacras aledañas al asentamiento.
En un primer tramo de la audiencia, también estuvieron presentes algunos de los primeros ocupantes del lugar, quienes manifestaron que “muchas de las personas que se apostaron en los últimos días no son oriundos de Fernández Oro y por el contrario, se trasladaron de ciudades cercanas, como Cipolletti, Neuquén y General Roca, entre otras”.
Inicio de investigación por presunta instigación a cometer delitos
Herrera también informó que “se ha iniciado una investigación por una presunta instigación a la comisión de delitos”.
El funcionario señaló en la audiencia que si bien se está en una instancia inicial del proceso, se ha tomado conocimiento de personas que habrían “fogoneado la toma masiva de terrenos en el lugar”.
Según el artículo 209 del Código Penal de la Nación, el delito de instigación a cometer delitos prevé penas que van de los dos a los cuatro de prisión, recordaron hoy fuentes judiciales.
