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En diciembre de 2015, en Cinco Saltos, Eric Fernando Colileo y Mario Ezequiel Narvaéz, identificados oficialmente, intentaron apodarse del teléfono celular de un adolescente de 16 años en la plaza San Martín de esa ciudad del Alto Valle. Para ello utilizaron un elemento punzocortante y también golpearon al menor. Todo se frustró cuando apareció una comisión policial que auxilió a la víctima. Eso ocurrió el 6 de diciembre de 2015 a las 08:30 aproximadamente.
Pronto irán a juicio por el hecho, en el cual además hubo dos policías lesionados.
Por entonces, ante la presencia policial, los imputados se fugaron en un Renault 11 color blanco, pero en la intersección de las calles Hilario Lagos y Catamarca el conductor Colileo embistió con su vehículo al móvil policial Ford Ranger, interno 2489 de la Comisaría 43º Cinco Saltos en su parte trasera izquierda.
A raíz del impacto, dos policías sufrieron lesiones.
Con posterioridad, Colileo y Narvaez fueron acusados como coautores del delito de robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa, concursado materialmente, en relación con Colileo, con el de lesiones culposas en concurso real, como autor.
La defensa pública de los acusados solicitó la suspensión de juicio a prueba, pero el 2 de mayo de 2017 la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti resolvió denegar ese beneficio por oposición fiscal fundada.
Entonces, el defensor presentó una casación y luego una queja, ambas denegadas.
Dice el fallo del STJ: “Es correcto lo sostenido por la Cámara en lo Criminal, que entendió que el señor Fiscal se opuso a la suspensión del juicio en función de una doble argumentación: los antecedentes de los imputados y las características del hecho reprochado, dada la petición de una condena a pena de prisión de ejecución efectiva”.
A raíz de esta última decisión, los imputados deberán responder la acusación en un juicio oral.
Suspensión de juicio a prueba o probation
La suspensión de juicio a prueba es una vía judicial alternativa al juicio que permite suspender el juzgamiento de un acusado si éste acepta someterse a una serie de pautas de conductas y cargas que le impone el Tribunal, como realizar tareas comunitarias, ofrecer una reparación económica y/o pagar la multa prevista para el delito imputado.
