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La Justicia rionegrina rechazó la acción que presentó un trabajador rural a quien se le inició una causa por presunta usurpación de una isla en el Valle Inferior. A través de un abogado promovió mandamiento de ejecución contra la declaración de incompetencia de un juez en la cuestión
Según consta en el expediente judicial, el abogado Edgardo Corvalán, en carácter de defensor de Gustavo Fabián Tapia, promovió mandamiento de ejecución contra la declaración de incompetencia del juez de garantía Carlos Mussi, a fin que se le ordene judicialmente disponer los actos necesarios que permitan a su representado ingresar a su propiedad de manera inmediata.
Corvalán alegó que accionó ante la declaración de incompetencia del magistrado frente al planteo de Tapia, relativo a la ejecución de una medida cautelar de desalojo ordenada en su contra y por la cual fue dejado fuera de su propiedad.
Precisó que su representado “se encuentra viviendo con sus hijos en la casa de un familiar, impedido de ingresar en la isla donde tiene su vivienda y posee animales para cría que hacen a su subsistencia”.
Mencionó que “al único camino de ingreso se lo cerraron con candado por el reivindicado en la medida cautelar dispuesta” y expresó que la declaración de incompetencia evidencia “un manifiesto rehusamiento para resolver la situación provocada al no considerar los planteos de la defensa”.
Por último, destacó que agotó todas las vías ordinarias contra la medida dispuesta por el fuero penal.
En su momento, el procurador general subrogante Marcelo Álvarez dictaminó que “la presentación resulta formalmente improponible” y advirtió que “las circunstancias relatadas por el accionante…no encuadran en los alcances de la excepcional vía intentada y menos aún configuran la acción de mandamus, en tanto no se acreditan mínimamente los requisitos propios del amparo”.
Por su parte, la jueza Adriana Zaratiegui consideró también que la acción resulta improcedente.
Detalló que el accionante pretende que se emita un mandamiento de ejecución al juez de Garantías Carlos Mussi, destinado a que su representado pueda acceder al predio respecto del cual existiría un litigio. “Las acciones procesales específicas quedan reservadas para los casos de extrema urgencia y de una gravedad tal que habilitan al juez a proveer el amparo del derecho vulnerado, pero no todo desconocimiento de un derecho pone en acto esta intervención excepcional”.
