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Ayer, se realizó en General Roca una audiencia judicial donde se confirmó la prisión preventiva, por dos meses, para un acusado de abuso sexual agravado.
Los delitos imputados son varios: “Abuso sexual agravado por el acceso carnal reiterado en múltiples ocasiones que por su duración y circunstancias de realización configuran un sometimiento sexual gravemente ultrajante, con la promoción y facilitación de la corrupción mediante violencia, amenazas, abuso de autoridad y por resultar el autor ascendiente y encargado de la educación y guarda de la víctima”.
El defensor público Miguel Salomón impugnó la medida cautelar que pesa sobre su asistido, basándose en que “contrariamente a lo que sostuvo la jueza de garantías en la audiencia anterior acerca de que la denuncia no fue controvertida por esta parte, yo sostuve que no hay evidencia material y rechacé el testimonio de la hermana”.
Se suma a lo anterior, dijo Salomón, “que la medida solicitada por la Fiscalía estuvo justificada por medidas que quedaban por realizar, esto es concretar un hisopado bucal a mi cliente, cuestión que ya se realizó. Para la defensa los peligros procesales no están acreditados”.
Por su parte, la fiscal jefe Graciela Echegaray sostuvo que respecto del peligro de fuga “se encuentra en las amenazas del acusado. Le decía a la víctima que si realizaba la denuncia de lo que estaba ocurriendo, él podría permanecer oculto en el campo donde pasó gran parte de su vida. Tal como expresó la defensa, el acusado no tiene recursos para irse, pero tampoco tiene un arraigo definitivo en la ciudad”.
Respecto del entorpecimiento de la investigación, señaló que “existen indicios que justifican la sospecha. Uno de los hijos ha expresado su pesar respecto de la detención de su padre y se ha dirigido a sus hermanos respecto de ello. Además resta tomar testimonio a otras personas, como a diferentes operadores que han tenido contacto con el derrotero de estos hechos”, aclaró Echegaray.
Agregó que “debemos esperar el resultado del adn respecto de la paternidad de la hija de la víctima y, de confirmarse esto, el entorpecimiento y la fuga se subraya aún más, ya que el monto de la pena aumentaría”.
Finalmente, la jueza de Foro Verónica Rodríguez resolvió confirmar la prisión preventiva.
Según la acusación fiscal, “los padres de la víctima se separaron, y junto a sus hermanos se fueron a vivir con el papá, quien a partir de ese momento y hasta los 19 años sometió a la víctima en los tres domicilios donde residieron junto a él. Los mismos culminaron cuando la joven pudo irse de la casa paterna junto a su hija, que presumiblemente sería resultado de los abusos que sufrió la denunciante por parte de su padre”.
¿Funcionario rionegrino involucrado en delito de abuso sexual?
La denuncia penal de una joven de Patagones contra la pareja de su madre espera resolución judicial desde la ciudad de Bahía Blanca.
“Familiares de la chica pretendieron evitar nuevas víctimas considerando que el denunciado, por presunto abuso, trabaja en un organismo rionegrino en contacto con otros adolescentes”, consignó un medio local.
En referencia al hecho, el sitio digital El Delitómetro, detalló que “la muchacha decidió contarles a sus familiares que la pareja de su mamá abusó de ella luego de un año y medio después de constantes sometimientos que se producían cuando la madre de la joven no se encontraba o se iba a bañar”.
El mismo sitio de noticias indicó que “la presentación fue realizada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Patagones, donde se dejó constancia de las consecuencias que actualmente sufre la joven víctima, como trastornos de sueño, de alimentación y temor que a sus hermanas de 14 y 11 años les ocurriera lo mismo”.
Debido a la feria judicial, intervino el Juzgado de Paz de Monte Hermoso, que resolvió una serie de medidas cautelares como el cese de los actos de perturbación o intimidación contra la víctima, prohibió el contacto del supuesto victimario con la víctima bajo cualquier modalidad y a una distancia de 100 metros por el lapso de 30 días.
Además, según precisó El Delitómetro, el acusado no podrá ingresar durante 30 días al domicilio donde reside la denunciante o a futuros domicilios donde pueda llegar a residir, incluidos los lugares de trabajo.
Otro dato que surgió de la denuncia es que “el sujeto se desempeñaría en una de las sedes de Educación de la provincia de Río Negro, donde estaría en contacto permanente con adolescentes”.
