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El fiscal jefe del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, solicitó cinco años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación especial para un integrante de la fuerza policial declarado responsable por el delito de “lesiones graves agravadas por ser cometidas por un funcionario policial en ejercicio de sus funciones y por ser cometidas mediante el uso de un arma de fuego”.
Respecto de otro policía acusado, requirió tres años en suspenso y seis años de inhabilitación especial.
Según quedó acreditado en el debate oral y público, el hecho sucedió a las 06:30 de la mañana del 27 de septiembre de 2015, cuando una comisión policial integrada por tres uniformados interceptó a un adolescente de 15 años que circulaba caminando, volviendo de una fiesta. En esas circunstancias, tres policías descendieron del patrullero en el cual circulaban presuntamente para identificar a la víctima, pero uno de ellos lo agredió físicamente, mediante golpes de puño y patadas.
Cuando el chico se retiraba del lugar, un uniformado disparó en dos oportunidades un arma larga cargada con munición antitumulto, impactando uno de los proyectiles en el ojo de la víctima y haciéndole perder el mismo.
La querella solicitó la pena máxima a 13 años y cuatro meses de prisión por el hecho más gravoso y cinco años de prisión para el acusado de vejaciones, mientras que la defensa del acusado solicitó los mínimos legales posibles: cuatro años de prisión efectiva y un año de prisión en suspenso.
A la hora de evaluar el monto de la pena, Márquez Gauna señaló que la Fiscalía debe basarse en parámetros objetivos y según lo regido por el Superior Tribunal de Justicia en la jurisprudencia que resulta de aplicación obligatoria.
Así, señaló como principal atenuante que los imputados no contaban con ningún tipo de antecedente penal computable.
Por otro lado, señaló la gravedad de la lesión que afectará la vida del damnificado de manera importante, no solo en lo laboral sino en lo social, haciendo hincapié en la conducta del personal policial que lejos de quedarse y ayudar a la atención medica del mismo, se retiro del lugar sin ocuparse de la salud de este, valorando asimismo el entorpecimiento de la investigación de los imputado, así como también las agravantes genéricas del uso del arma del fuego y de la calidad de integrante de las fuerzas de seguridad del imputado.
Por lo anterior, solicitó que la pena para el sujeto declarado responsable por de ser el autor del disparo la pena cinco años de prisión efectiva y para el uniformado acusado de vejaciones uyna condena a tres años de prisión en modalidad condicional.
La decisión del Tribunal de Juicio, conformado por los jueces Guillermo Baquero Lazcano, Florencia Caruso y Laura González Vitale, se conocerá el próximo miércoles a las 15.
