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Funcionarios judiciales rionegrinos visitaron la sede de la Asociación Patagónica de Síndrome de Down (Apasido), en General Roca, para conocer el destino de los fondos recibidos por el Centro de Inclusión Social y Laboral.
Se trata del sistema de los criterios de oportunidad previstos por el Poder Legislativo en el artículo 96 del Código de Procedimiento Penal.
La fiscal adjunta Rocío Guiñazú Alaniz, el asistente letrado Gastón Britos Rubiolo y la funcionaria de ley Mónica García llegaron hasta el lugar, ubicado en calle Alsina 1711 de Roca, donde fueron recibidos por la coordinadora del Centro de Inclusión, Belén Martínez, y por la secretaria Ana Heredia.
Recorrieron las instalaciones donde se invirtió el dinero que nació del resarcimiento de los ofensores de los delitos que están comprendidos en el artículo 96 del Código Penal y también de las propias víctimas que deciden donar a ONGs u organismos de bien público el monto pactado.
El Centro de Inclusión adquirió cuatro aire acondicionado, tres de 3.200 calorías y uno de 8.000, que en total costaron $130.000, “monto que supera la donación pero que la Asociación pudo abonar gracias también a la ayuda de sus socios”, explicó la secretaria.
El lugar cuenta con un salón principal, varias salas donde se realizan las varias actividades propuestas por Apasido, una cocina y un patio. Fue en las salas y el salón más grande donde se coloraron los aires frío/calor.
En el centro de inclusión social y laboral trabajan siete profesionales, entre ellos licenciados en servicio social, psicopedagogas, psicólogos, los docentes de los talleres que se dictan, un preparador laboral, un profesor de educación física y un médico clínico. Y actualmente asisten 23 jóvenes en doble turno, de 8 a 12 y de 15 a 18.
Se dictan actividades que comprenden desde la niñez hasta la adultez, cursos, charlas, a personas que tienen alguna discapacidad mental y/o síndrome de Down. “Los ayudamos a la inserción en el ámbito laboral, en Roca contamos con la colaboración para que realicen una pasantía en Bulonera Patagónica, Carlos Isla, Panadería La Bagguete, Mónica, también en MultiPack, lo que antes era PetroBras, en el IUPA, en el INTA”, detalló Martínez.
Junto a Ana Heredia explicaron de qué se trata el trabajo que realizan: “Lo primero que hacemos es un trabajo de autonomía, ir al banco, ir a un cajero, realizar compras, tomar un colectivo. Nuestro principio es que se manejen solos. Entonces las primeras actividades son andar en transporte público y que se ubiquen en la ciudad con referencias como el monumento a la manzana, la Catedral”.
En relación a los requerimientos para poder formar parte del Centro de Inclusión es a partir de los 18 hasta los 45 años, los interesados deben presentar un certificado de discapacidad intelectual o síndrome de Down o que se acredite alguna discapacidad que se relacione con la intelectual.
Para poder llevar a cabo la inclusión laboral la coordinadora busca empresas. “Voy hasta las oficinas, presento el proyecto. Siempre hacemos la aclaración a las familias que de acá no salen con un puesto laboral pero si salen con la capacidad para la inserción. Se abre el abanico de posibilidades, los jóvenes van a la Usep perteneciente a la Municipalidad y allí concretan talleres y se capacitan”.
Y señalan que “trabajamos a través del empleo con apoyo, es decir que existe una persona que acompaña, denominada ‘preparador laboral’. Los chicos concretan una pasantía educativa con un seguro que pagamos desde aquí. Y luego de la experiencia preguntamos cómo fue la experiencia, se hace una reunión con el personal, con la gerencia antes y después”,
Apasido cuenta con la posibilidad de colaborar con $20 al mes y formar parte de la institución como socios, el que esté interesado puede comunicarse al teléfono (0298) 4434778 y al correo electrónico: centroinclusionroca@gmail.com.
Una observación final
Respecto de todo este proceso llevado a cabo, la fiscal jefe Graciela Echegaray opinó la importancia de dos cuestiones: “por un lado, resaltar que el resarcimiento recibido por la institución es a partir del ofrecimiento que hacen los mismos imputados en concepto de reparación por el daño causado. Y por otro lado, en muchos de los casos, en aquellos delitos que tienen una víctima identificada, es esa misma víctima la que decide no recibir el dinero o no hacerlo de forma directa, es decir que opta por destinarlo a una ONG, que en este caso en particular fue Apasido. Como conclusión, esto demuestra paso a paso, un interés tanto de los imputados como de las mismas víctimas y desde el fuero penal en cumplir con uno de los objetivos que es instalar una plataforma bajo el espíritu que implica la paz social y la composición de los conflictos”.
