La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad el proyecto que propone aplicar sanciones a quienes entorpecen el sistema de llamadas de emergencia implementado en la provincia. La norma legal establece multas por llamadas maliciosas, falsas, jocosas o similares a los servicios de emergencias, mediante el uso de telefonía, fija o móvil.
Quienes lo hagan serán reprimidos con multas que van de los 500 hasta los 50.000 pesos o con arrestos de uno hasta treinta días. También serán sancionados quienes, a sabiendas, hicieren uso indebido de toques, señales u otros medios reservados por la autoridad para los llamados de alarma, régimen interno de sus dependencias, vigilancia y custodia que aquella deba ejercer. Según la iniciativa, las penas previstas alcanzarán además al titular de la línea telefónica utilizada. Se duplicarán las sanciones para quien provocare engañosamente la concurrencia de la Policía, del Cuerpo de Bomberos, de la asistencia sanitaria, defensa civil o de cualquier otro servicio análogo utilizando los medios integrantes del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias de la Provincia de Río Negro, interfiriendo indebidamente en su normal desarrollo. Según estadísticas de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Provincia, en 2016 la línea telefónica del servicio de emergencia del 911, ha recibido 397.313 llamadas en total, de las cuales 147.889 son inoficiosas, o sea un 37.22% de los llamados presentan un carácter que perjudica al funcionamiento del servicio. Y similares estadísticas se habían presentado en el 2015 con llamadas que solo se habían producido en Viedma y Bariloche, ciudades donde funciona desde el 2011 a partir de la creación del centro de monitoreo integral que pertenece al programa Río Negro Emergencias. En dicho periodo se registraron alrededor de 180.000 llamados inconsistentes, mientras que entre llamadas interrumpidas y las que no constituyen emergencias, más de 120.000. Cuando el servicio de emergencia del 911 recibe una llamada maliciosa, primeramente es atendida por un operador, impidiendo que el mismo pueda contestar otras llamadas de situaciones de emergencia reales. Seguidamente, el operador se encarga de dar aviso a la unidad policial, la que se encarga de poner a disposición las personas y los vehículos correspondientes, entre otros elementos, para tratar de dar respuesta o prevenir la situación denunciada. El costo aproximado que afronta Río Negro por las llamadas recibidas al servicio 911, oscila entre los 3.000.000 y 5.000.000 de pesos mensuales cada 1.200 llamadas, de las cuales 805 son llamadas inoficiosas. Esta cifra se compone por diferentes gastos aproximados, a saber: pago a telefónica, 900.000 pesos; móvil policial, 492.000 pesos; sueldo promedio de un efectivo policial, 16.000 pesos (teniendo en cuenta que son cuatro los efectivos intervinientes por mes); seguro del vehículo policial, 15.000 anuales; mantenimiento de los vehículos, 2.500 por cada 10.000 kilómetros; cubiertas de los vehículos, 3.000 cada una; 1.5 litros de combustible por viaje que demanda una llamada al servicio 911. Asimismo, deben agregarse a los gastos detallados los de recargo de servicios, luz, gas, mobiliarios, insumos, entre otros. Semana de concientización sobre donación de órganos Fue aprobado también en primera vuelta el proyecto para instituir la semana del 30 de mayo como la “Semana de concientización sobre la importancia de la donación de órganos”, a fin de preservar y mejorar la calidad de vida de las personas. Según cifras publicadas por el INCUCAI, en Argentina más de 11 mil personas esperan un trasplante de órganos o tejidos. Y hasta el año 2016 se realizaron 1.687 trasplantes de órganos y 937 trasplantes de córneas. Con la aprobación de esta ley, el Ministerio de Salud (autoridad de aplicación) deberá desarrollar acciones de difusión y promoción sobre la donación de órganos, generando espacios de reflexión y debate que tiendan a generar conciencia sobre el tema. La autora del proyecto, Soraya Yauhar, expresó en el recinto expresó: “Debemos comprometernos y advertir como sociedad la prioridad de fortalecer la cultura de la donación, y que esta sea acción natural y se encuentre social y culturalmente aceptada”.
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