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Hoy, fueron imputados cinco referentes gremiales, entre ellos al secretario general de la Asociación Personal Empleados Legislativos, Alejandro Gatica, de los delitos de “defraudación en perjuicio de la administración pública y falsificación de documentos privados. Al mencionado en calidad de autor y a los cuatro restantes como partícipes necesarios”, informó la Justicia provincial en un comunicado difundido esta tarde.
Según la acusación “existen 11 maniobras defraudatorias que componen la mencionada calificación legal, todas ellas efectuadas entre agosto de 2010 y marzo de 2014”.
“Los fiscales Juan Pedro Puntel y la adjunta Paula de Luque, detallaron hoy cada uno de los puntos a través de los cuales sostienen que Gatica cometió los mencionados delitos, violando los deberes y los intereses pecuniarios confiados en la resolución 4/2010 que creó el Fondo para la Vivienda y el Turismo Social del Personal Legislativo”.
“La audiencia se extendió por el término de cinco horas, gran parte de las mismas utilizadas por Gatica para brindar su versión respecto de los hechos imputados”.
“Entre otros, el Ministerio Público Fiscal detalló que el Secretario efectuó rendiciones de cuentas dolosamente fuera de plazo, realizó un manejo administrativo contable del fondo deficiente y confuso y compró diversos lotes en Viedma, el balneario El Cóndor y Bahía San Blas con notable sobreprecios”.
“Además, se lo acusa de haber realizado contrataciones irregulares de una empresa y negocios con una sociedad integrada por su esposa y el hijo de ella, generando un retorno de dinero de APEL al seno familiar. Los otros cuatro imputados están acusados de ser partícipes necesarios de los mismos hechos, sumando así nueve personas en igual posición”.
“Como sustento probatorio, la acusación detalló que cuenta con la documentación aportada por la denunciante, aquella secuestrada en un allanamiento efectuado a la sede de Apel, expedientes originales de la Legislatura de Río Negro, informes de escribanías, casas de materiales, bancos y de una investigación efectuada por el Tribunal de Cuentas”.
El juez Ignacio Gandolfi dio por formulado los cargos y dispuso un tiempo de investigación penal preparatoria de cuatro meses en el cual la Fiscalía pretende concluir con una pericia contable efectuada por un contador perteneciente a la Procuración General que determinará fehacientemente el monto del perjuicio al Estado. La acusación la integra también el abogado Favio Igoldi como querellante en representación de uno de los adjudicatarios de lotes
“Cabe recordar finalmente que sobre la totalidad de los imputados continúan vigentes las medidas cautelares de inhibición general de bienes que fuera dispuesta por el entonces juez de Instrucción”, concluyó el comunicado judicial.
FOTOGRAFÍA DIFUNDIDA POR LA JUSTICIA DE RÍO NEGRO
