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La jueza cipoleña de garantías María Florencia Caruso admitió los cargos por los delitos de “asociación ilícita” y “administración fraudulenta” en perjuicio de la obra social y del gremio de la Fruta.
La Fiscalía y la querella, en la audiencia de formulación de cargos, realizada en Cipolletti, acusó a siete sujetos y adelantó que formulará cargos en contra de una mujer que no concurrió a Tribunales.
Los acusados en esta instancia son Rubén López, Juan Lescano, Juan López, Marcelo Portiño, Marcos Bielma, Daniel Aliaga y Jaime Manquepi.
Los primeros cinco, consignó la Fiscalía, tenían a su cargo la administración del sindicato y de la obra social. Las restantes tres personas participaron como miembros de la asociación ilícita, afirmaron los acusadores.
Los cargos incluyen no haber presentado los balances contables ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y “maniobras defraudatorias” tales como la emisión de préstamos y cheques, el pago de salarios y horas extras a personas que no eran empleados de las entidades e irregularidades en la adquisición de un sanatorio en Allen “sin respaldo documental”.
La calificación legal es la de asociación ilícita en concurso con administración fraudulenta. Los hechos fueron establecidos desde el año 2006 hasta febrero de 2015.
Apenas comenzó la audiencia de formulación de cargos, los defensores particulares plantearon cuestiones previas con el objetivo de conseguir la suspensión de la instancia. Sin embargo no fueron admitidas por la jueza de garantías.
Según el Código Procesal Penal de Río Negro a partir de esta instancia rige un plazo inicial de cuatro meses para completar la investigación. La parte acusadora tienen la posibilidad de solicitar dos prórrogas, una ante un fiscal superior primero y luego ante el juez.
Por la Fiscalía intervinieron los fiscales Santiago Márquez Gauna y Guillermo Merlo. En representación de la querella el abogado Oscar Pandolfi. Los defensores son Pablo Agabios, Carlos Fernández y Hernán Pinolini.
