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Los legisladores rionegrinos Jorge Ocampos y Daniela Agostino presentaron un proyecto de ley que pretende la creación de un programa provincial de compactación, descontaminación y disposición final de vehículos secuestrados por autoridad pública. Buscan dar destino final a los vehículos abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados, que se encuentren bajo el dominio del Estado provincial.
Ambos indicaron que “la acumulación de automóviles siniestrados y secuestrados, producto de procedimientos policiales y/o judiciales, en predios que generalmente se encuentran en inmediaciones de los puestos camineros a lo largo de la provincia, se ha transformado con el correr del tiempo en parte del paisaje”.
Por su parte, Ocampos expresó que “la falta de un tratamiento acorde de los vehículos, ha llevado a que los mismos terminen conformando un espacio por demás contaminado, debido a la presencia de alimañas, agua estancada restos de hidrocarburos, metales pesados y demás componentes que hacen del lugar un foco infeccioso que puede afectar a cualquier vecino o trabajador que opere en el lugar, sumado a los mencionados impactos ambientales”.
Agregó que “además de los riesgos que implican y que pueden llegar a afectar la salud de las personas, ocupan un espacio importante que se transformó en chatarra” y señaló “con la subasta de estos se generará un ingreso que será depositado en una cuenta que administrará la autoridad de aplicación y que será destinado a solventar los gastos del programa en un 50 por ciento y el otro 50 por ciento destinado a financiar proyectos educativos de los Colegios de Educación Técnica de la provincia. Para este último caso, los mismos serán evaluados por la autoridad de aplicación y en base a la reglamentación que se determine se adjudicaran las ayudas correspondientes”.
Detalló que “los vehículos que se encuentren bajo custodia del Estado, con orden judicial firme de una antigüedad de un año y que mantengan su condición serán subastados y el producto de ello, como de la venta de chatarra, será depositado en una cuenta especial creada al efecto”.
Ocampos sumó que “los vehículos comprendidos en los artículos precedentes, deberán contar con un informe técnico del área de tránsito de la Policía de la provincia, en el que conste su estado y de acuerdo a ello se procederá a tramitar la baja en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, en el caso de tener como destino final la compactación o la transferencia de dominio si es subastado”.
El legislador indicó “hasta el 50 por ciento del producido de la venta de la chatarra, como de los vehículos subastados, será destinado a sostener el programa de compactación, descontaminación y disposición final de vehículos secuestrados por autoridad pública, que se crea con la presente norma. El resto será destinado a financiar proyectos de las escuelas técnicas de la provincia en temáticas afines que serán evaluados por la autoridad de aplicación”.
Detalló que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad y Justicia, que tendrá bajo su responsabilidad determinar las características de los predios que serán destinados para la disposición final de los vehículos, los cuales deberán contar con la aprobación técnica de seguridad e higiene e impacto ambiental”.
