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El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos por los delitos de violación de prueba y hurto simple contra “un empleado judicial que sustrajo 2.000 dólares que constituían prueba de sendas investigaciones judiciales en casos de robo y encubrimiento. El hombre cumplía funciones en la Unidad de Control de efectos secuestrados de la Oficina Judicial”, consignó un comunicado difundido esta mañana.
En un procedimiento policial realizado en febrero último, se había detenido a un joven a quien se le secuestraron diversos elementos, entre ellos un monto de dinero de 5.500 dólares que para la Fiscalía podía constituir prueba de presuntos delitos. Avanzada esta investigación, con resultados negativos, el monto completo iba a ser devuelto a quien acreditó su propiedad, momento en el cual se verificó el faltante.
La investigación por el hecho incluyó tres allanamientos a empleados del Poder Judicial y, ante la diversa prueba recabada, pudo determinarse que el acusado había cambiado dólares en la Casino de la ciudad capital, cuya numeración coincidía con la del dinero robado. Las imágenes de las cámaras de seguridad del local de juegos constituyeron una prueba fundamental en la presente imputación.
Además, entre el sustento que para la Fiscalía acredita la autoría, se enumeró la denuncia penal efectuada por la mujer a quien le había sido secuestrado el dinero, diversa documentación, testimoniales de empleados del Ministerio Público y la Oficina Judicial, los legajos de las causas en el marco de las cuales se secuestró la suma total de dólares y los resultados de las pesquisas realizadas por el Área de investigaciones judiciales en casas de cambios, financieras y el Casino.
A pedido de la Fiscalía, el juez dispuso que el imputado deba cumplir en adelante con una presentación quincenal en la comisaría más próxima a su domicilio y que sea embargado del 20% de su salario hasta completar la suma de 100.000 pesos, previendo su posterior devolución a quien acreditó tenencia. En respuesta al requerimiento del área de auditoría del Poder Judicial, se determinó también la remisión del legajo al Superior Tribunal de Justicia para posibles trámites administrativos.
Además, haciendo lugar a lo solicitado por la parte acusatoria, el magistrado autorizó la extracción de huellas dactilares y palmares que permitirán nuevas pericias y la realización de una prueba sobre los billetes restantes con equipos de iluminación especiales.
Para la investigación se conformó un equipo que integraron los funcionarios judiciales Maricel Viotti Zilli, Juan Pedro Peralta y el fiscal jefe Fabricio Brogna.
