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El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ratificó su postura respecto a los casos de violencia de género y confirmó la decisión de una jueza de Cipolletti que le denegó la suspensión de juicio a prueba a un sujeto acusado del golpear a una mujer en Cinco Saltos.
La suspensión de juicio a prueba o probation es considerada un beneficio procesal. Se trata de una vía judicial alternativa al juicio que permite suspender el juzgamiento de un acusado si éste acepta someterse a una serie de pautas de conductas y cargas que le impone el Tribunal, como realizar tareas comunitarias, ofrecer una reparación económica y/o pagar la multa prevista para el delito imputado.
El STJ ya ha ratificado su doctrina en innumerables fallos donde estableció que no podrán solicitar beneficios procesales los imputados en causas por violencia de género.
El caso en análisis ocurrió en Cinco Saltos el 12 de septiembre de 2014 después de la medianoche. En esas circunstancias, un individuo le provocó lesiones a una mujer mediante golpes de puños.
Al momento de solicitar la suspensión de juicio a prueba, la defensa pública del acusado argumentó que el hecho se había producido hace más de tres años, que no hubo hechos nuevos de similares características, que el imputado carece de antecedentes y que la víctima expresó que no sabía nada de él y que no lo veía hacía tiempo.
La fiscal interviniente, previo a emitir su dictamen, se entrevistó con la mujer. En esa oportunidad la víctima dijo no tener interés en que se le otorgara a K. ningún beneficio por ser este una persona muy violenta y agresiva.
Dice el fallo del STJ con fecha 25 de abril:
“Luego de dar cuenta de tales alternativas procesales, la magistrada actuante entendió que cabía rechazar el pedido de la defensa, en concordancia con lo expresado por el Ministerio Público Fiscal respecto de la aplicación de la Convención de Belém do Pará; citó asimismo precedentes de este Cuerpo en tal sentido y, en virtud de lo expuesto, denegó la suspensión del juicio a prueba a favor de F.H.K. Según fueron descriptos los hechos reprochados, nos encontramos ante una conducta que ha causado sufrimiento físico y psicológico a una mujer, en una relación desigual de poder, y que, por lo tanto, resulta constitutiva de violencia de género, extremo que ninguna de las partes ha puesto en cuestión en el caso. En virtud de ello, resultan plenamente vigentes y aplicables las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, sin restricción alguna en el sentido alegado por la Defensa. En efecto, la postura adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Góngora” no hace distinciones entre diferentes supuestos del art. 76 bis del Código Penal, sino que, para todos los casos de violencia de género, niega expresamente la posibilidad de que se conceda la suspensión del juicio a prueba. Igual temperamento se ha adoptado en las instrucciones de la Procuración General -invocadas por la señora Agente Fiscal en su dictamen- y en la doctrina legal de este Cuerpo sentada en numerosos precedentes (ver, por caso, STJRNS2 Se. 117/17, 187/17 y 299/17, por citar solo algunas de las más recientes). Lo anterior ha constituido el argumento central del criterio adoptado por la doctora Lucía y ha dado sustento a la resolución en análisis, por lo que cabe confirmarla en todas sus partes”.
Sobre la base de esos argumentos el STJ declaró mal concedido el recurso de casación de la defensa y confirmó la decisión de la jueza Alejandra Berenguer de Cipolletti.
