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El fiscal barilochense Sergio Pichetto formuló cargos contra una mujer, acusada de protagonizar el robo a un remisero en la madrugada del jueves. La calificación legal del caso es robo agravado por haber sido cometido con la participación de un menor y por el uso de arma blanca.
Según indicó el representante del Ministerio Público, el hecho sucedió a las 03:50 aproximadamente de ayer (13/09), cuando la víctima trabajaba a bordo del remise Ranault Logan que conducía por el barrio 106 viviendas de Bariloche.
En esas circunstancias, la mujer actuando en conjunto con un adolescente de 13 años, abordó el rodado de alquiler y solicitó un viaje al barrio Nahuel Hue, mientras que con el transcurrir de algunos minutos, la imputada extrajo un cuchillo de entre sus ropas y exigió al remisero la entrega de la recaudación del día.
La víctima se resistió al asalto y logró quitarle el arma blanca a la acusada, quien – junto al menor – emprendió su huida, percatándose el damnificado que el adolescente le había sustraído las llaves del automóvil. Sin perderles de vista los persiguió, observando que los autores del robo ingresaron a una vivienda y tras el arribo al lugar del personal policial policial de la Comisaría nro. 28 se logró detener a los sospechosos.
En cuanto a la calificación legal, Pichetto entendió que se está ante un robo en grado de tentativa agravado por la participación de un menor y por haber sido cometido mediante el uso de arma blanca.
Las principales evidencias del caso resultan las declaraciones testimoniales de la víctima, de los efectivos policiales que participaron de la detención de la imputada y del secuestro de los elementos sustraídos.
Después de la exposición fiscal, la imputada tomó la palabra y negó su participación en el hecho, aduciendo que el adolescente fue el autor del intento de robo, que no lo conocía de antes y que también desconocía su edad.
La defensa oficial que asistió a la imputada, representada por el defensor oficial Marcelo Álvarez Mellinger y la adjunta de defensoría ,Yamile Saidt, se opuso a la calificación legal provisoria del caso, circunstancia que debió ser resuelta por el juez de garantías, Juan Martín Arroyo, quien tuvo por formulados los cargos con la calificación propuesta por el Ministerio Público Fiscal.
Finalizada la primera etapa de la audiencia, el fiscal de caso solicitó la prisión preventiva de la acusada. En primer lugar, sostuvo que el mínimo según la escala penal prevista para el caso supera los tres años de prisión por lo que en caso de recaer condena indefectiblemente sería de cumplimiento efectivo.
Además, mencionó que la imputada en libertad podría intentar entorpecer los avances de la investigación. Subsidiariamente, solicitó que se dicte una prisión preventiva con monitoreo de pulsera electrónica en el domicilio de la acusada.
Los defensores se opusieron a la solicitud realizada por el representante del Ministerio Público Fiscal y aseveraron que no se habían acreditado los riesgos procesales invocados por lo que solicitaron distintas medidas cautelares menos gravosas para su asistida. El proceso penal prevé como principio la libertad en el proceso y que el encarcelamiento debe ser excepcional.
El magistrado interviniente no hizo lugar al pedido de encarcelamiento preventivo y dictó la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto de la imputada respecto de la víctima, entre otras medidas con el fin de tutelar el normal avance de la investigación. El juez tuvo además por formulados los cargos y determinó el plazo de investigación penal preparatoria en cuatro meses.
Otro ladrón armado bajo prisión preventiva
Por un robo ocurrido la semana pasada, el fiscal Sergio Pichetto formuló cargos contra un sujeto por el delito de robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo se acreditada y solicitó la prisión preventiva del acusado la cual fuera ordenada por el juez de garantías, Juan Martín Arroyo.
El hecho investigado sucedió alrededor de las 13:20 del 8 de este mes, en un local comercial ubicado en calle Onelli al 600 de esta localidad.
En esas circunstancias, el sospechoso habría ingresado al lugar y esgrimiendo un arma de puño le exigió a la empleada del lugar la entrega del dinero de la recaudación. La víctima entregó una suma cercana a los cinco mil pesos en efectivo, los cuales se encontraban en la caja registradora, ante lo que el acusado intentó encerrar a la mujer en el interior del local, sin poder lograr su cometido. Tras lo anterior, se dio a la fuga del comercio.
La calificación legal del caso es robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada, puesto a que la misma no pudo ser secuestrada en el marco de la investigación.
Entre las principales evidencias el caso, el representante del Ministerio Público mencionó el testimonio de la empleada del local, quien relató lo sucedido y los registros fílmicos de las cámaras de seguridad del comercio y de una remisería ubicada en cercanías del lugar. Además se ofrecieron los testimonios de uniformados, integrantes de la policía de la provincia de Río Negro, quienes trabajaron en la investigación. La víctima participó en el día de la fecha de una rueda de reconocimiento de personas en la cual pudo identificar al presunto asaltante, imputado en el proceso en curso.
A partir de estos elementos probatorios, el fiscal solicitó el jueves la detención del sujeto que llegó a la audiencia privado de la libertad. Pichetto solicitó que se dicte la prisión preventiva del acusado indicando que en caso de recaer condena la pena que debería aplicarse sería de cumplimiento efectivo, puesto que el sujeto fue condenado en agosto de este año a una pena de prisión condicional por un caso de violencia de género.
El representante del Ministerio Público señaló que en el marco de la ejecución de la pena mencionada la ex pareja del sujeto se acercó a la sede de la fiscalía a denunciar que el hombre no respetó las pautas de conducta que le fueran impuestas.
Finalmente, sostuvo que en caso de recuperar la libertad la tranquilidad de la víctima se vería alterada – se recuerda que la mujer deberá declarar en el juicio – por lo que se podrían obstaculizar los avances de la investigación.
La adjunta de defensoría penal, Yamile Saidt se opuso al encarcelameinto cautelar del acusado argumentando que no existían elementos de convicción suficientes que permitan asegurar que el hombre sería el autor del ilícito y que no correspondía la aplicación de al medida cautelar más gravosa.
El juez de garantías, Juan Martín Arroyo tuvo por formulados los cargos expuestos por el Ministerio Público Fiscal e hizo lugar al planteo del fiscal por lo que dictó la prisión preventiva del acusado y otorgó un plazo de dos meses para culminar con la investigación penal preparatoria.
