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La fiscal barilochense Betiana Cendón imputó a un sujeto por homicidio en ocasión en robo, por un hecho ocurrido en el año 2015. El acusado acudió a la audiencia luego de ser detenido en el Paso Internacional rumbo a Chile, desde la localidad de Río Gallegos, mediante una orden de captura que continuaba vigente. Fue extraditado hacia la ciudad de Bariloche el viernes pasado.
Se le atribuye al imputado -cuya identidad no trascendió oficialmente- el hecho acontecido el 6 de junio de 2015, estimativamente a la hora 14:30, en la vía pública, en el barrio San Francisco Cuarto, frente al establecimiento educativo CEM 138, de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
En esas circunstancias, intentó apoderarse en forma ilegítima de un vehículo propiedad de Matías Aguirre el cual se encontraba estacionado y al momento del hecho era conducido por su propietario. Se produjo un forcejeo, al momento en que la víctima se resistió a entregar su auto. Ante ello, el imputado extrajo un arma de fuego y le efectuó un disparo que ingresó al cuerpo de la víctima, lesionando el pulmón izquierdo y la punta del corazón. En su trayecto, el proyectil produjo una pérdida importante de sangre que condujo a Aguirre a un shock hipovolémico causándole la muerte.
La víctima intentó huir del lugar conduciendo la camioneta hasta que se detuvo a 50 metros del lugar. En ese mismo instante, perdió la vida producto de las lesiones que sufrió a raiz del disparo.
Lo descripto se encuadra en lo normado en los artículos 165 y 45 del Código Penal; como homicidio en ocasión de robo, en carácter de autor.
La representante del Ministerio Público Fiscal sustentó dicha acusación con la siguiente información; acta de procedimiento policial de la Subcomisaría 80, diversos testimonios de agentes policiales que acudieron al lugar y de personas cercanas al entorno de la víctima que lo auxiliaron, croquis ilustrativo, certificado médico que describe las lesiones, informe pericial del Cuerpo Médico Forense y del Gabinete de Criminalística, entre otros.
El imputado fue asistido legalmente por el defensor oficial Marcos Ciciarello, quien se opuso a la formulación de cargos y a la medida cautelar solicitada por la fiscalía.
El juez Ricardo Calcagno dio por formulados los cargos y otorgó el plazo de tres meses para la realización de la investigación preliminar. Además, impuso un mes de prisión preventiva valorando lo expuesto por la fiscalía en referencia a los riesgos procesales y el peligro de fuga
Imputaron a una mujer por 56 hechos de estafa y 11 de defraudación
Las fiscales barilochenses Alejandra Bartolomé y Silvia Paolini, junto a su equipo de la Unidad Fiscal, formularon cargos a una mujer por los delitos de estafa y defraudación, cometidos en su condición de agente vendedora de viajes turísticos, entre el año 2016 y 2017.
Se le atribuye a la mujer la comisión de 56 hechos de estafa llevados a cabo en San Carlos de Bariloche, en el período comprendido entre el 2 de mayo de 2016 y los últimos días del mes de abril de 2017. En dichas ocasiones la imputada, en su condición de agente vendedora de viajes turísticos, ofreció y vendió a los damnificados paquetes turísticos con diversos destinos y fechas a partir del mes de abril de 2017, a cambio de los cuales los denunciantes abonaron diferentes sumas de dinero a través de múltiples medios de pago (en efectivo, mediante tarjetas de crédito y por transferencias bancarias).
Sin embargo, la imputada nunca realizó las gestiones que conforme lo acordado con sus clientes le correspondían en cada caso, consistentes en la reserva y posterior adquisición de pasajes aéreos, seguros, hotelería y/o traslados; ni aplicó a los viajes contratados el dinero que le fuera entregado, habiéndole dado otro destino con conocimiento del perjuicio patrimonial que esta maniobra generaría a sus clientes. Los cuales a raíz de ese accionar no obtuvieron los viajes en los términos acordados ni reparación económica alguna.
Para llevar a cabo las maniobras, la imputada en determinadas oportunidades se habría aprovechado de la confianza depositada por sus clientes, toda vez que López Giovanelli contaba con amplia trayectoria en el rubro y en algunos casos mantenía relaciones de amistad con sus clientes.
En otras ocasiones, se valió de las estructuras comerciales de dos agencias de viajes, en cuya representación actuó, logrando de ese modo darle apariencia de legitimidad a su actividad. Además, habría desplegado otros medios engañosos con el fin de simular una realidad inexistente, otorgarle mayor credibilidad a su actividad y poder así inducir a error a las damnificados con el propósito de apropiarse de su dinero.
Los medios consistieron en comunicaciones vía correo electrónico y por teléfono referidas a los viajes, impresión de vouchers, entrega de recibos y constancias de seguros y reservas -reales y apócrifas-, las cuales proporcionó a sus clientes a sabiendas de que las mismas se caerían porque no habría de abonarlas.
Se le endilgó además la comisión de once hechos, sucedidos en el período comprendido entre el mes de noviembre de 2016 al 25 de abril de 2017. Valiéndose la imputada de los datos de las tarjetas de crédito de algunos de los damnificados antes mencionados, (los que obtuvo en oportunidad en que éstos se los confiaran para concretar pagos de viajes genuinos). Obrando entonces de modo fraudulento tal como menciona la acusación y mediante el uso no autorizado de los datos de las tarjetas como de sus titulares, (operando mediante servicios de internet), realizó varias compras lo que causó perjuicio patrimonial.
Lo anteriormente descripto constituye el delito de estafas reiteradas (56 hechos) y defraudación con tarjetas de crédito (11 hechos), en calidad de autor de acuerdo con los artículos 45, 55, 172 y 174 inciso 15 del Código Penal.
La imputada acudió a la audiencia asistida por el defensor oficial Marcelo Alvarez Melinger, quien no manifestó objeciones a la formulación de cargos. En cambio requirió se detalle en cada caso descrito si aún continuaba el perjuicio económico de quien resultó víctima.
La jueza de garantías Romina Martini dio por formulados los cargos, y otorgó el plazo de cuatro meses para llevar a cabo la pesquisa preliminar; por considerar que lo descripto reúne los requisitos para ser formulado como hecho penal. Ordenó finalmente se mantengan las pautas de conducta impuestas oportunamente.
