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Nueve dirigentes gremiales municipales de Bariloche, que en diciembre de 2015 alteraron el orden de una sesión del Concejo Municipal local, accedieron ahora a una suspensión de juicio a prueba. Se comprometieron a otorgar un aporte económico a una organización social o de bien público y a realizar trabajos comunitarios, entre otras propuestas.
El abogado defensor de los acusados, en función del artículo 14 del Código Procesal Penal que sostiene “se procurará la solución al conflicto primario surgido a consecuencia del hecho”, requirió se suspenda la persecución penal a cambio del cumplimiento de determinadas pautas de conducta, el aporte de un monto económico destinado a una organización social o de bien público que el Concejo Municipal ordene. Se agrega el pedido de disculpas público, realizar cursos en referencia a derechos humanos y convivencia democrática, trabajo comunitario y el compromiso de no reiterar hechos similares, describió un parte oficial.
El fiscal jefe Martín Lozada manifestó que la propuesta formulada por la defensa se ajusta a las expectativas procesales que emergen del nuevo Código Procesal Penal. “En efecto, auspicia la solución del conflicto primario, restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social”.
Agregó que “la probation, para ser claro y preciso, nada tiene que ver con la impunidad. Muy por el contrario, trae aparejado una activa participación del ofensor en lo que a la reparación del daño perpetrado se trata”.
Por último, destacó que “cabe valorar el arrepentimiento de los imputados, su expresión pública y el compromiso de no repetición. Se trata de un medio que valoriza la reflexión, el diálogo entre las partes y la posibilidad de reparar los perjuicios causados. Estamos frente a un modo de resolver el conflicto que no excluye a las partes involucradas y que como tal, fortalece la propia dinámica democrática”.
El juez de garantías Juan Martín Arroyo hizo lugar a la aplicación de la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, valorando
el “nuevo marco legal que genera el código procesal vigente”.
Agregó: “La solución que hoy se está proponiendo a este conflicto es superadora de aquella que se obtendría en el caso de una sentencia condenatoria, dado que permite que cada uno de los involucrados pida disculpas sin autoincriminarse y proponga un monto superior además del cumplimiento de los otros conceptos ofrecidos. Recordó que en caso de no cumplir con las pautas de conducta
previstas el beneficio se revoca”.
Finalmente, los imputados realizaron un pedido de disculpas públicas por los hechos sucedidos.
Foto: Poder Judicial de Río Negro
