La fiscal titular de Delitos contra la Administración Pública y Violencia Institucional de General Roca, Julieta Villa, formuló cargos a seis “hinchas” de fútbol por hechos ocurridos el 15 de abril de este año.
Según la acusación fiscal, alrededor de las 21:20 de ese día se recibió un llamado en la Comisaría Tercera, donde se informó que un grupo de simpatizantes de un club deportivo local se habían retirado del lugar sin abonar una bebida.
Cuarenta minutos después volvieron a llamar a la Unidad policial, diciendo que las mismas personas estaban generando disturbios en calle Villegas entre avenida Roca y España y los policías se dirigieron allí. Uno de ellos intentó dialogar con los imputados y les solicitó que se retiraran. Más los hombres reaccionaron de manera agresiva, propinando insultos y agrediendo físicamente al personal policial interviniente, mediante golpes de puño, patadas, piedrazos y con los palos de las banderas del club.
Producto de la situación resultaron con lesiones calificadas como leves dos uniformados. Seguido a ello, la gente comenzó a dispersarse por la zona, continuando el disturbio por calle España hasta Mariano Moreno y desde allí hasta calle Maipú y Gelonch, mientras que arrojaban piedras al personal policial y a los vehículos que se encontraban estacionados en dichas arterias.
Seguidamente, se solicitó colaboración a las Unidades 21° y 31° y se logró detener a ocho personas, quienes fueron trasladados a la Comisaría Tercera”, detalló Villa.
La calificación legal enunciada por la representante del Ministerio Público Fiscal para cuatro de los imputados es “resistencia a la autoridad” de acuerdo a lo previsto en el artículo 239 y 45 del Código Penal. Mientras que otros dos deberán responder por el delito de “resistencia a la autoridad” y “lesiones leves agravadas en concurso ideal”, según los artículos 45, 238 inc. 4, 89, 80 inc. 8° y 92 del Código Penal.
El sustento probatorio mencionado para esta etapa preliminar es el acta de procedimiento de la Comisaría 3°, el croquis ilustrativo del lugar del hecho, las entrevistas al personal policial, e imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en la vía pública, entre otros.
Asiste a los imputados el defensor público penal Miguel Salomón, quien no presentó objeción formal a la formulación.
Es así que el juez de Garantías interviniente Julio Martínez Vivot tuvo por formulados los cargos tal lo enunciado por la fiscalía.
Nueva audiencia en juicio por amenazas y perturbación al ejercicio de la función pública
Con la declaración de tres policías que participaron en la contención del conflicto, ayer jueves continuó el juicio contra una mujer acusada de amenazas y de perturbación al ejercicio de la función pública. La imputada habría impedido el normal funcionamiento de la delegación del IPROSS en Cipolletti durante varias horas.
El hecho llevado a juicio ocurrió en diciembre de 2017 cuando una mujer ingresó a la sede la obra social del Instituto Provincial del Seguro de Salud en Cipolletti para realizar un reclamo por un traslado de Cipolletti a Bariloche que había sido autorizado en colectivo o ambulancia, exigiendo que sea en taxi. Pese a que la profesional no era la encargada de autorizar el trámite, la acusada habría amenazado a una médica que presta funciones en el organismo.
Los testigos mencionaron que en la mañana del 21 de diciembre desde el organismo se solicitó presencia policial debido a que había una persona en el lugar que se encontraba muy alterada.
Uno de los uniformados que declaró menciónó que pudo entrevistarse con la acusada respecto de su reclamo y que le sugirió que existían otros modos y vías para canalizar los mismos. Manifestó además que se encontraba muy agresiva respecto de una profesional que trabajaba en un lugar y que como no estaban dadas las condiciones para continuar atendiendo al público por la delegación debió cerrar.
El segundo testigo fue un subcomisario de la Comisaría Cuarta quien mencionó que la mujer insultó, amenazó e intentó golpear al personal del lugar y que incluso intentó amedrentar a los policías que permanecían en el lugar. Para esto último mencionó a los allí presentes que no sabían “quién era su marido”.
La última uniformada en declarar explicó que encontraron a la acusada en el interior de una oficina de la institución, muy alterada y que no pudo entrevistarse con ella porque sólo profería insultos. La oficial mencionó además que tomó contacto con una trabajadora de la institución y que la misma se encontraba muy afectada emocionalmente por la situación. Por otro lado dijo que debieron retirar a las empleadas administrativas del lugar porque la mujer intentó agredirlas físicamente.
Finalmente, comentó que el marido de la mujer logró ingresar a la sede del IPROSS y que se esposó a una silla ubicada en el lugar con el fin de evitar ser retirado.
En cuanto a la continuidad del debate se informó que se fijará una nueva audiencia en la cual la imputada podría ejercer su derecho a declarar y se prevé la exposición de los alegatos.
La imputada ya había sido denunciada anteriormente por otras agresiones a personal de la obra social, procesos penales que culminaron con la aplicación de métodos alternativos de resolución de conflictos. En este caso particular, a la mujer se le ofreció acceder a una suspensión de juicio a prueba en la cual se someta al cumplimiento de pautas de conducta que consistían en realizar sus presentaciones ante el IPROSS de forma respetuosa, a lo que la acusada se negó.