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El ex jefe comunal de la localidad de Fernández Oro, Juan Reggioni, irá a juicio por el delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. En una audiencia de control de acusación, el fiscal Guillermo Merlo y la adjunta de fiscalía, Vanina Bravo, explicaron que el acusado buscó incorporar para su patrimonio o de un familiar directo un terreno ubicado en un loteo social destinado a personas de escasos recursos.
Los acusados son cuatro personas: el ex intendente municipal, su esposa, su hijo y una cuarta mujer, sobre quien pesa un pedido de averiguación de paradero, detallaron fuentes judiciales.
Merlo describió que a través de un conjunto de documentos, el loteo pasó a ser administrado por el hijo del ex intendente y que existen evidencias de que existía un interés en que una vez vencido el plazo legal de tres años desde la escrituración del lote, mismo sea transferido a la nieta del ex jefe comunal.
Según fuentes judiciales, la maniobra consistió en la firma de un documento en octubre de 2010 que otorgaba un poder especial e irrevocable por parte de la adjudicataria del lote y víctima en el caso en favor de una mujer, quien fue pareja de otro ex intendente municipal cuya gestión fue anterior a la del acusado y por otro partido político. Tiempo después esta mujer, sobre quien pesa una averiguación de paradero puesto a que no ha podido ser ubicada para comparecer en el proceso, transfirió el mencionado poder en favor del hijo del ex intendente acusado en este proceso.
En el año 2015, el hijo del ex mandatario escrituró el terreno en representación de la víctima mediante escritura pública y actuando su padre como representante del ejecutivo municipal, siendo imposible que ellos desconozcan el vínculo familiar que existía entre ambos.
Posteriormente, se procedió a la construcción de un vivienda unifamiliar en el lugar, la cual – siguiendo la acusación – habría sido alquilada mediante un contrato firmado por la esposa del ex intendente, ingresando los montos previstos por los alquilares al patrimonio familiar del referente político local. Tras un incendio ocurrido en la vivienda, el inquilino intentó que el ex jefe comunal reconociera parte de las pérdidas económicas sufridas por el siniestro, circunstancias en las cuales grabó una conversación donde el ex madatario explicaba que a fines de este año transferirían la propiedad del terreno a nombre de su nieta.
Entre las evidencias mencionadas por la fiscalía y que sustentan la acusación se encuentran los poderes especiales en favor de una mujer y la transmisión de ese poder en favor del hijo del ex intendente, la escritura pública suscripta por el ex jefe comunal y su hijo, el contrato de alquiler firmado por la esposa del jefe comunal y el inquilino y algunos recibos del pago del alquiler. Además, prestarán su testimonio en el juicio la adjudicataria del terreno y damnificada en el caso, el inquilino que suscribió el contrato de alquiler con esposa del ex intendente y la escribana actuante en los documentos públicos mencionados.
En cuanto a la pretensión punitiva del caso, Merlo indicó que teniendo en cuenta la escala penal y las características del caso correspondía la intervención de un Tribunal Unipersonal, es decir, compuesto por un sólo Juez profesional.
Las defensas de los acusados representadas por la defensora oficial Silvana Ayenao en el caso del hijo del ex intendente y del abogado particular, Antonio Barrera Nicholson, respecto del ex jefe comunal y su esposa, solicitaron el sobreseimiento de sus tutelados considerando que el delito imputado por la fiscalía era atípico y que no encuadraba en figura penal.
El juez de juicio, Guillermo Baquero Lazcano, rechazó el pedido de sobreseimiento y aceptó la acusación, disponiendo que se fije una nueva audiencia a los efectos de determinar las evidencias que ingresarán al juicio y las posibles convenciones probatorias para el caso. La misma será fijada los próximos días por la Oficina Judicial.
Caso Atahualpa: Últimas audiencias anticipan el inicio del juicio oral
Ayer miércoles, se realizó una audiencia preliminar al debate oral y público que se llevará a cabo en el marco del caso del homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya. El procedimiento estuvo dirigida por el juez Carlos Mussi, quien presidirá el Tribunal integrado además por los jueces Ignacio Gandolfi, y Marcelo Valverde.
En representación del Ministerio Público Fiscal estuvo presente el fiscal de Cámara, Hernán Trejo. Además, se encontraban Julia Mosquera como querellante y como copatrocinante Favio Igoldi, ambos junto al padre y a la hermana de Atahualpa. La defensa la componen los defensores oficiales Marta Ghiani y Camilo Curi por el imputado Felipe Carrasco y Pedro Vega por los imputados Melisa Fernández Barrientos y Carlos Morales Toledo.
Al comienzo de la audiencia las partes se notificaron del resultado de las pericias, luego de lo cual Vega pidió diez días hábiles para revisar el listado de testigos, porque asumió hace pocos días la defensa. Ello fue aceptado por el resto de las partes.
Por otra parte, la Fiscalía reiteró la necesidad de que se realice la pericia de perfil psicológico de los imputados tal lo conversado con la querella que representa a los familiares de la víctima. Además, pidieron que el profesional que realice la pericia sea llamado como testigo en el futuro debate para que explique el informe.
Las defensas pidieron la incorporación de otro perito para ser requerido después del resultado del informe psicológico que se realizará a los imputados. En este punto discreparon defensa y acusación y el juez Mussi acompañó los argumentos de la acusación y dijo que el perito será el mencionado por la Fiscalía y la Querella, aunque estará habilitado el contra exámen de la defensa.
El fiscal Trejo solicitó que se incorporen por lecturas los testimonios que habían sido requeridos por el Fiscal de Cámara que entendía en la causa con anterioridad. La defensa se opuso y el juez acompañó tal decisión con lo cual todos los testigos comparecerán en debate.
A raíz del planteo del defensor Curi sobre el papel de la querella en el debate, el juez adelantó el criterio que tendrá el Tribunal que será con una participación activa de la querella que solo estará limitada al momento del pedido de pena.
Por último, se decidió que se dará el plazo de 10 días hábiles para hacer una selección de testigos de las partes y culminar el perfilado psicológico de los imputados.
Fuente: Texto y foto Poder Judicial de Río Negro
