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El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica de la Universidad Nacional de Río Negro ordenó el abandono inmediato y pacífico de la toma del vicerrectorado de la casa de estudios.
Además, emitió una declaración en solidaridad con los docentes, no docentes y autoridades “perjudicados por la usurpación del edificio, que lleva 80 días”.
A través de la resolución 58/2018, del 29 de noviembre, el Consejo de Programación y Gestión Estratégica de la Universidad Nacional de Río Negro- que se reunió esta última semana en Viedma- resolvió “instruir a los docentes y estudiantes de la UNRN que permanecen en la toma de las oficinas administrativas del vicerrectorado de la sede Alto Valle y Valle Medio, al inmediato y pacífico levantamiento de la misma en procura del restablecimiento de las condiciones de normalidad de su funcionamiento, conforme las previsiones estatutarias vigentes”.
La resolución insta además “a las personas ajenas a la UNRN que participan de dicha toma a retirarse en forma inmediata y pacífica”.
La resolución del órgano superior de gobierno de la Universidad fue notificada en la tarde del jueves a todas las personas involucradas e identificadas en la toma, según consignó un comunicado oficial.
Por su parte, los consejeros y consejeras del mismo Consejo emitieron una declaración que expresa: “Nuestra solidaridad de manera unánime hacia docentes, no docentes y estudiantes agraviados y difamados, nuestro apoyo a las acciones iniciadas por las autoridades y el más enérgico rechazo a la toma del vicerrectorado de la Sede Alto Valle y Valle Medio de la UNRN efectuada por una minoría sin legitimidad ni representatividad”
La declaración agrega: “Se verifica un profundo daño para la institucionalidad y la consolidación de nuestra Universidad. Se han afectado no sólo los procesos académicos y administrativos de la sede, sino también las posibilidades de la libertad de trabajo, para muchos docentes y no docentes, se ha perturbado la calidad de trabajo y el clima laboral, la libertad de asistir a clases y prácticas para los estudiantes, la toma de exámenes, así como la gestión del otorgamiento de títulos y certificados, se ha fragilizado psicológicamente a las personas por acciones que a muchos integrantes de la comunidad les resultan discriminatorios, se investigan daños patrimoniales personales e institucionales, en fin, un sinnúmero de impactos de difícil cuantificación que debilitan la imagen institucional, y peor aún, interpelan a las personas que no piensan y actúan en la misma línea ideológica de los ocupantes, y menoscaban los derechos de todos aquellos que bregamos por una universidad de calidad, inclusiva y plural, abierta al debate y al intercambio respetuoso de opiniones.”.
El comunicado señala además que “una institución que tiene la vocación de servir a los ciudadanos de la Provincia que la vio nacer, que se pone a diario altos estándares académicos y científicos para beneficio de las generaciones futuras, que tiene la obligación de jugar un rol preponderante en la construcción del destino rionegrino, no puede darse el lujo de admitir acciones que lesionen la percepción de la sociedad que la cobija”.
