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El fiscal roquense Luciano Garrido, la querella y la defensa particular de la imputada acordaron, el jueves pasado, que una joven de 25 años sea condenada a tres años de prisión en suspenso, más reglas de conducta, por “portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal”. El 25 de noviembre pasado, a la 1:30 am en la calle Cóndor de General Roca, la acusada portaba un arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal para hacerlo.
En el marco de un acuerdo de procedimiento abreviado, la joven reconoció su responsabilidad en el hecho, aceptó la calificación legal y la pena propuesta. Por su parte, el hermano de la víctima, constituido como querellante, también prestó su conformidad.
Teniendo presente que la mujer no cuenta con antecedentes penales, además de la pena, Garrido solicitó reglas de conducta que deberá cumplirlas durante dos años, entre ellas: fijar domicilio, presentarse en la Oficina de Presos y Liberados, y la prohibición de acercamiento hacia el querellante como también a los testigos mencionados en el legajo.
“Teniendo presente que la pareja de la mujer se encuentra privado de la libertad por el hecho más gravoso del que resultó víctima Damián González, es por ello que insistimos en la prohibición hacia los testigos”, explicó el fiscal.
De esta manera, el Ministerio Público Fiscal le formuló cargos a la joven por el hecho ocurrido “el 25 de noviembre pasado, a la 1:30 am en la calle Cóndor, cuando la imputada portaba un arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal para hacerlo”.
Como sustento probatorio, la Fiscalía mencionó el acta de procedimiento policial, las entrevistas a testigos presenciales, los informes del Gabinete de Criminalística, entre otras pruebas.
La jueza interviniente, María Gadano, tuvo por formulados los cargos en los términos realizados por la Fiscalía y ratificados por la querella. Luego de ello, se invocó el procedimiento abreviado, con acuerdo pleno, mediante el cual se ratificó el hecho, la calificación legal y la responsabilidad de la mujer en el mismo, y se la condenó a la pena de tres años de prisión en suspenso con las reglas de conducta mencionadas, que deberá cumplir bajo apercibimiento de detención.
Lo acusan de intentar incendiar departamento de su ex pareja. La madre de él, imputada
El fiscal barilochense Martín Govetto formuló ayer sábado cargos a un individuo y su madre por un hecho de incendio ocurrido en el interior de un edificio de departamentos en el barrio Elflein, en Bariloche.
El hecho que se les atribuye ocurrió el jueves 6 a las 22.30, aproximadamente, en el domicilio de la ex pareja del sujeto, en barrio Elflein, y luego que no les permitieran el ingreso, con acuerdo de voluntades procedieron a provocar un incendio en un depósito lindante al departamento. Esto provocó daños parciales en los objetos que habían depositados como colchones, camas, ropas varias, sillones de madera y otros. “Con este despliegue pusieron en riesgo la vida y bienes de terceras personas toda vez que se trata de un edificio de tres pisos con varios departamentos”.
Según la acusación, la conducta del imputado junto a su madre se dio en un contexto de violencia de género ya que el hombre mantuvo una relación de pareja y ese mismo día, 6 de diciembre previo a los incidentes habrían mantenido una discusión y enviado mensajes en tono amenazante.
“Los hechos enunciados constituyen el delito de incendio agravado en el caso de la imputada y los delitos de incendio agravado y amenazas en el caso del hombre. Todo ello de acuerdo a lo normado en los artículos 45, 186 inciso cuarto 149 bis del Código Penal”.
El fiscal Govetto sostuvo la acusación con la denuncia penal, informe preliminar de criminalística, testimonios de los vecinos afectados por esta situación. Requirió además una medida cautelar por el término de siete días.
Ambos acusados fueron asistidos por el defensor oficial Marcelo Alvarez Melinger y la defensora adjunta Yamile Saidt y brindaron su versión de los hechos sucedidos. No se formularon objeciones a la formulación ni al plazo de investigación de cuatro meses en cambio rechazaron la medida cautelar.
La jueza de Garantías Romina Martini dio por formulados los cargos y otorgó los cuatro meses de plazo “para que las partes puedan desarrollar sus respectivas teorías del caso”. Impuso además una medida de prohibición de acercamiento y contacto. En el caso del hombre mediante el monitoreo a través de la utilización de un dispositivo electrónico.
