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A partir de un informe elaborado por el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, personal de la División de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz detuvo en Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, a un sujeto condenado por distintos hechos de abuso sexual infantil ocurridos en la ciudad Catriel. Estaba prófugo desde 2013.
El trabajo llevado adelante por la Fiscalía local contó con la supervisión del fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, a cargo de la Oficina de Apoyo y Litigacion en la Cuarta Circunscripción.
El seguimiento del sujeto comenzó meses atrás y conllevó la solicitud de distintos tipos de informes e intervenciones telefónicas a partir de las cuales se logró dar con la ubicación en la que se encontraría el acusado.
A partir de entonces, se dio intervención a la División de Investigaciones de Pico Truncado que realizó la individualización del sujeto y procedió a su detención mientras el individuo transitaba por la vía pública. Las diligencias también contaron con el apoyo y la colaboración de las fuerzas de seguridad federales y de la Fiscalía descentralizada de Catriel.
“La investigación conllevo un importante trabajo en conjunto entre este Ministerio Público, las fuerzas federales y la Policía de Santa Cruz”, destacó Márquez Gauna. Por otro lado recordó que desde principio de año la Fiscalía comenzó una nueva modalidad de trabajo estratégico para lograr ubicar a las personas con procesos judiciales y sobre quienes pesan pedidos de rebeldía y captura.
En este caso en concreto el sujeto había sido condenado a 10 años de prisión efectiva por distintos delitos contra la integridad sexual en contra de menores de edad. En el año 2013, el hombre se profugó manteniéndose en esa condición hasta el momento.
En casos anteriores, por informes de la Oficina de Apoyo, Logística e Investigación del Ministerio Público Fiscal, se logró capturar a un condenado por delitos contra la integridas sexual de menores detenido en Misiones, un acusado de abuso detenido en Mendoza y que espera por la realización del juicio en su contra y un tercer acusado apresado en Rincón de los Sauces que deberá enfrentar un juicio por distintos delitos en contexto de género.
Imputación y preventiva por portación, abuso de arma de fuego, y amenazas calificadas
La fiscal adjunta de la Descentralizada de Choele Choel Analía Álvarez formuló cargos a un sujeto por los delitos de “portación de arma de fuego, abuso de armas y amenazas calificadas” por un hecho ocurrido el pasado domingo 9 de diciembre tras el encuentro deportivo.
Según la acusación fiscal, “entre las 19:05 y las 19:40 en Pasaje Pagano y Urquiza de la localidad de Lamarque, el imputado esgrimió un arma de fuego y disparó contra las personas y viviendas del lugar. Primero con un arma y luego con otra de tipo tumbera. Tras ser aprendido por personal policial, se realizaron varios allanamientos y se pudo dar con las dos armas, un cartucho de arma de fuego, 6 cartuchos completos, entre otros elementos de importancia para la causa”, explicó la fiscal en la formulación de cargos.
Además, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del sujeto por un plazo de 90 días, argumentando que se trató de un “caso grave de violencia, donde el imputado desplegó excesiva agresividad, y demostró desprecio por la vida y los bienes ajenos.
El hecho ocurrió a plena luz del día, en un barrio donde viven familias y niños, exponiéndolos a todos a un inminente peligro. Sumo a lo anterior, que existe una concreta sospecha de que el imputado influirá o realizará cualquier tipo de intento para incidir sobre las víctimas, su núcleo familiar. Y finalmente, agrego que existen elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho investigado”, expresó Álvarez.
Es así que el juez de Garantías interviniente Guillermo Bodrato tuvo por formulados los cargos en los términos realizados por el Ministerio Público Fiscal y el hombre continuará detenido en prisión preventiva.
Formulan cargos contra empleados del Ipross por delitos contra la administración
El fiscal viedmense Juan Pedro Peralta imputó a tres hombres, que realizaban los cobros en la Delegación Viedma de la Obra social, por el delito de peculado; en tanto a una mujer se le imputó la facilitación del mismo. Según la acusación omitieron realizar las rendiciones mensuales y depósitos de parte de lo recaudado mientras quien se desempeñaba como delegada no realizó el control correspondiente.
Los hechos se produjeron entre los meses de agosto de 2015 y febrero de 2016 lapso durante el cual los cajeros de la obra social “omitieron realizar las rendiciones mensuales de lo recaudado, cuya percepción, rendición y depósito tenían a su cargo, sustrayendo así el monto total de 568.780, 44 pesos”.
Los hombres cobraban ese monto en concepto de prestaciones obligatorias, coseguros y cuotas voluntarias, confeccionando una planilla de control diaria pero omitiendo depositar algunas sumas de las recaudadas en la cuenta correspondiente del Banco Patagonia.
Peralta, quien en la audiencia estuvo acompañado por el fiscal adjunto José Chirinos, aclaró que uno de ellos no depositó más de 452.161 mil pesos mientras los dos restantes no habrían devuelto montos ostensiblemente menores. A este importe se le suman más de 70 mil pesos que no fueron depositados por ninguno de ellos, por lo cual no puede imputarse tal omisión a ninguno en particular.
Según la Fiscalía, en el mismo período quien en aquel momento era Delegada del organismo omitió realizar los controles de las cajas, tarea que le estaba impuesta por el cargo que ostentaba. “Todos esos importes fueron sustraídos de la esfera pública y de la administración constituyendo los delitos de peculado del que serían autores los tres hombres y de facilitación imprudente de sustracción de bienes públicos, imputado a la mujer”.
Como sustento probatorio Peralta enumeró la denuncia del actual presidente de la obra social, Claudio Di Tella, efectuada luego de la realización de una auditoría en la que se verificó el faltante de dinero. Agregó las testimoniales de agentes de la obra social que participaron en dicha investigación, el testimonio de quien reemplazó a la mujer en el cargo de delegada y los diversos sumarios administrativos iniciados, además de una pericia contable.
El defensor oficial Pedro Vega y los abogados Cirilo Bustamante y Danilo Vega ejercieron la defensa de los cuatro imputados. El juez Ignacio Gandolfi fue quien admitió los cargos y dispuso cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
Antes de finalizar, el fiscal solicitó la inhibición general de bienes de los imputados al no contar con información fehaciente relacionada con los bienes de cada uno para requerir un embargo. Las defensas, en tanto, se opusieron con diversos argumentos. Pedro Vega explicó entre ellos que tal medida cautelar no estuvo fundada en ninguno de los argumentos posibles, como son el peligro procesal y el de fuga.
Finalmente, admitiendo parcialmente los argumentos de ambas partes, el Gandolfi ordenó a los imputados ofrecer bienes para ser embargados por el 50 % del monto base del dinero sustraído, en el término de 10 días. Ante tal determinación se manifestaron nuevamente los defensores adelantando que será recurrida.
Foto Poder Judicial de Río Negro
