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Dos sujetos vinculados a hechos ocurridos en Bariloche debieron retribuir diferentes montos de dinero que fueron destinados a la compra de sillas para alumnos de la Escuela Pública de Gestión Social Antú Ruca, sala integrada a la que asisten niños y niñas de cuatro y cinco años.
Desde la Justicia rionegrina se procura que quien llevó a cabo diversos hechos que pueden considerarse “delitos de bajo impacto” pueda reparar el perjuicio ocasionado a través de un aporte en horas de trabajo comunitario, dinero o bienes materiales en favor de la sociedad.
Comunicado oficial
“Desde el retorno de la feria judicial el primer día de febrero y en el marco de dos acusaciones diferentes, mediante la aplicación de criterios de oportunidad, pudo obtenerse una suma de alrededor de 10.000 pesos, destinados a la compra de sillas escolares de nivel inicial para la Escuela Pública de Gestión Social Antú Ruca, para la sala integrada a la que asisten niños y niñas de cuatro y cinco años.
Ambos hechos denunciados ante la Unidad Fiscal de Admisión de Casos, a cargo del fiscal Inti Isla, se les dio un tratamiento diferente a los procesos judiciales penales, valorando en primer lugar la posibilidad de solucionar los hechos que constituyeron el conflicto original y que derivó en una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
En esta situación en particular, una institución educativa recibió dos diferentes aportes, como resultado de la aplicación de lo que se conoce como “Criterios de oportunidad”. Ambos hombres vinculados a los hechos, debieron retribuir diferentes montos de dinero, que fueron destinados a la compra de equipamiento escolar.
La intención del Ministerio Público Fiscal, en estos tipos de situaciones, es procurar que quien llevó a cabo diversos hechos que pueden considerarse “delitos de bajo impacto”, pueda reparar el perjuicio ocasionado a través de un aporte en horas de trabajo comunitario, dinero o bienes materiales en favor de la sociedad.
El Código Procesal Penal vigente en la provincia, en el artículo 14 en referencia a la “Solución del conflicto” menciona que es función primordial del fiscal a consecuencia de un determinado hecho, intentar la resolución del mismo, estableciendo la armonía entre sus protagonistas y generando respuestas alternativas al delito”.
De esta manera, se intenta poner la mirada en todos aquellos involucrados y generar la posibilidad de participar en la resolución de los conflictos, al igual que abordar de manera conjunta sus consecuencias. Un trabajo conjunto de los protagonistas para construir la paz social, favorecer la expresión pacífica de los conflictos, generar la tolerancia y la inclusión, entre otras cuestiones”.
