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Finalizó este martes la ronda de testigos en la audiencia de debate oral y público a dos empleados policiales, acusados de presunto abuso de autoridad, con acusación sostenida por el fiscal jefe Martín Lozada y el fiscal del caso Guillermo Lista, de Bariloche. Se pudo constatar que ambos imputados se intercambiaron el número de teléfono, empresa de telefonía y número del documento de Lucas Muñoz, mediante el servicio de mensajería.
El ingeniero David Baffoni, responsable de la Oficina de Investigaciones en Telecomunicaciones dependiente de la Procuración General, realizó “una detallada exposición del análisis realizado en función de los puntos de pericia solicitados en el marco de la investigación. Ilustró cerca de la gestión y análisis de información durante la pesquisa, el análisis llevado a cabo en el registro de comunicaciones entre los imputados. Y como tercer eje de trabajo detalló el informe de extracción de datos de celulares obtenidos en allanamientos y uno que fue entregado en sede judicial”, consignó un parte de prensa judicial.
Agregó que Baffoni describió los eventos de comunicaciones entre los imputados de forma cronológica, realizados hasta el momento previo de la activación de la línea en la localidad de Catriel a nombre del oficial Muñoz. Se pudo constatar que se intercambiaron entre los propios imputados el número de teléfono, empresa de telefonía y número del documento de Muñoz, mediante el servicio de mensajería.
Ante el juez de juicio Marcelo Barrutia prestaron declaración el responsable de la Comisaría 42, Jorge Elizondo, el preventor en la causa que investigaba la desaparición del oficial Lucas Muñoz, subcomisario José Eliseo González, quien se desempeñaba en la Comisaría Segunda, el subcomisario Carlos Acuña, de la Unidad de Investigaciones de la Comisaría Segunda, quienes explicaron el proceso de pesquisa iniciado para dar con el paradero de Lucas Muñoz y que “no incluyó a los imputados en dicho protocolo. Más allá de la colaboración o la realización de tareas de rastrillaje, no se le impartieron órdenes específicas, manifestaron”.
Por la defensa de los imputados hizo lo propio el subcomisario Inspector en la Unidad Regional al momento de los hechos, Manuel Poblete.
Se incorporaron por lectura los informes de los fiscales de Cipolletti Oscar Cid y Eduardo Fernández, de Bariloche, que indicaron que en ninguno de los casos referidos por los imputados, autorizaron a estos u otros efectivos a gestionar información telefónica y menos aún solicitar otra línea a nombre de una persona que estaba siendo buscada.
Continuará este debate este miércoles partir de las 10:00 con la formulación de alegatos de las partes.
El hecho que se les atribuye es el ocurrido el 15 de julio de 2016, cuando sin contar ambos imputados con la autorización de un juez competente, ni estando designados para la investigación sobre la desaparición del empleado policial Lucas Muñoz, generaron la adquisición de un chip en la ciudad de Catriel a su nombre, “entorpeciendo de esta manera, según consta en la acusación, la pesquisa dispuesta a dar con su paradero. El hecho descripto encuadra en el delito de abuso de autoridad, de acuerdo a lo normado en el artículo 248 inciso 1° del Código Penal”.
