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El miércoles por la tarde, personal de la Comisaría Tercera de General Roca intentó identificar en la vía pública a dos sujetos, aparentemente extranjeros, mientras caminaban por la calle Bolivia, entre Sarmiento e Italia.
Cuando los policías descendieron del móvil les indicaron que se detuvieran, pero uno de los sospechosos se dio a la fuga corriendo en dirección a la calle Sarmiento, dándole un golpe de puño a una empleada policial que intentó detenerlo, luego tomó Canadá y corrió media cuadra.
En determinado momento, contra la voluntad del dueño de una casa, trepó por unas rejas y accedió a un tinglado. Fue en ese lugar que se le cayó un destornillador, que fue secuestrado por personal policial.
Siguió por los techos hasta que fue alcanzado por otro policía al que empujó, generándole lesiones de carácter leves. Intentó seguir huyendo, pero fue interceptado en calle Bolivia e Italia.
Mientras tanto, el otro imputado se ocultó dentro de un taxi, no pudiéndose dar a la fuga porque no se encontraba el conductor del móvil. La Policía le indicó que descendiera, pero el sujeto forcejeó con ellos hasta que fue reducido y aprehendido.
El viernes, el fiscal del caso Ricardo Romero junto a la adjunta Natalia Pascual formularon cargos a los dos sujetos por delitos cometidos y uno de ellos permanecerá detenido en prisión preventiva tras el pedido del Ministerio Público Fiscal.
Como sustento probatorio, la Fiscalía mencionó los testimonios de los policías intervinientes, los testigos presenciales, como también fotos y acta de secuestro del destornillador y el certificado médico confeccionado por el médico policial.
Por su parte, el defensor oficial penal Eduardo Luis Carrera, respecto de la formulación dijo que “vamos a cuestionar la legalidad de la detención. Ya que ambos estaban circulando por la vía pública sin cometer acto delictivo alguno. Más allá de la resistencia que ofrecieron después. El origen de todo esto fue arbitrario”.
Luego, el fiscal del caso pidió el plazo de tres meses de prisión preventiva para G.F.A.P. ya que “no ha fijado domicilio en Argentina y dio una dirección de Chile. A ello hay que sumarle la actitud desplegada durante el procedimiento y que en principio contaría con tres imputaciones en su país de origen”.
En relación a N.B.V.D. “ha brindado un domicilio en Roca que es el de su hermano y dónde él se está alojando luego de haber llegado del vecino país trasandino, por ello solicito que realice presentaciones semanales hasta que se llegue a una solución a este conflicto”, dijo Romero.
Finalmente, la jueza de garantías interviniente Natalia González tuvo por formulados los cargos tal como los expresó la Fiscalía y en relación a las medidas cautelares hizo lugar a las solicitados por Romero, fijando el plazo de la preventiva en un mes y 15 días.
Imputaron a un sujeto por robo agravado a dos adolescentes y le impusieron prisión preventiva
El fiscal barilochense del caso Sergio Pichetto, junto al fiscal adjunto Gerardo Miranda, formuló cargos a un individuo por un hecho de robo de agravado a dos adolescentes que circulaban por la vía pública. Se le impuso prisión preventiva por el término de dos meses.
Se le atribuye el hecho ocurrido el 9 de mayo de 2019, a las 12:45 aproximadamente, en la vía pública en inmediaciones a calles Miramar y ruta 40 de la ciudad de Bariloche. El imputado, según la acusación judicial, interceptó a dos menores de 13 años de edad, cuando habría mostrado un arma de fuego de puño tipo revólver gris pequeño y les exigió les entreguen sus teléfonos celulares.
El evento relatado constituye el delito de robo calificado por haber sido cometido con arma de fuego de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 166 inciso segundo y 45 del Código Penal.
El imputado, asistido por el defensor oficial Marcos Ciciarello, brindó una breve declaración de su versión de los hechos. El defensor no se opuso a la formulación pero sí solicitó se rechace la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, por considerar que no existe riesgo de entorpecimiento a la investigación y que podría imponerse otra medida menos grave a sus asistidos.
La jueza de garantías Romina Martini dio por formulados los cargos y habilitó la investigación preliminar por el término de dos meses. Impuso además la medida cautelar de prisión preventiva por el mismo plazo. “Es un hecho grave y se debe tener especial consideración a las víctimas, ya sea su condición de vulnerabilidad y la edad de los mismos”. El mismo cumplirá la medida en el Establecimiento Penal N°3.
