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Un narco español, que cumple condena en la provincia de Río Negro, pidió ser echado a su país de origen a pesar que las autoridades le advirtieron sobre la situación generada por la pandemia del coronavirus en España. El sentenciado cumple condena de nueve años en la Unidad 5 del Servicio Penitenciario Federal en General Roca.
El narco está preso desde el 22 de septiembre de 2015 y el 9 de febrero de 2018 fue condenado por el Tribunal Oral Federal roquense (TOF) por el delito de tentativa de contrabando, agravado en función de la naturaleza de la mercadería –estupefacientes- “destinada inequívocamente a su comercialización” y por haber intentado con la intervención de tres o más personas. El hecho se vio frustrado por la oportuna intervención de fuerzas de seguridad y la droga fue incautada,mencionaron fuentes oficiales.
A principios de año, el preso impulsó a través de un abogado particular un pedido de extrañamiento, es decir que lo expulsen a su país. Días atrás, el recurso fue analizado por los jueces federales y aceptaron el reclamo, pasando las actuaciones a los responsables de la Dirección Nacional de Migraciones.
De igual modo, los magistrados recordaron que los denominados extrañamientos de delincuentes extranjeros se encuentran suspendidos por la situación generada por el Covid-19 y que el trámite se podrá llevar a cabo cuando vuelvan los vuelos a distintos puntos del mundo, entre ellos, España.
El narco fue identificado como Ángel Luis Salor Hoyas, de oficio comerciante y con domicilio original en la ciudad de Madrid, publicó el diario La Mañana de Cipolletti.
Le otorgaron prisión domiciliaria para que cuide al hijo
El Juzgado de Ejecución Federal de General Roca se pronunció de forma favorable en relación con el pedido de una mujer presa, que es madre de un joven con epilepsia.
La interna se encuentra alojada en el Establecimiento de Ejecución Penal 2 de General Roca y decidió hacer un pedido de prisión domiciliaria a través de su abogado particular. A la hora de los argumentos, recalcó que es madre de un joven de 22 años que tiene una discapacidad mental y permanentes ataques epilépticos.
Entre las pruebas, la defensa presentó un completo informe de la situación del joven, que no tiene quién lo acompañe a sus turnos con el médico.
En el caso de la representante de la Fiscalía, no puso objeciones para otorgarle el beneficio y se limitó a pedir determinadas pautas de conducta.
Fuente: La Mañana de Cipolletti
