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Con los planes sociales en la mira del gobierno nacional, el fiscal federal Guillermo Marijuan ya logró acreditar que al menos 8.535 empleados públicos de 10 provincias, entre las que figura Río Negro, son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que es absolutamente incompatible.
En base a un artículo publicado por Infobae, se conoció que el funcionario judicial solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cruzarlas con el padrón del plan social. Por el momento, solo 10 distritos respondieron, de los cuales ya se conoció el resultado, mientras que los demás fueron intimados por segunda vez a hacerlo.
Se señala que todas las provincias que enviaron los datos tienen empleados públicos cobrando el Potenciar Trabajo y fueron ordenadas según el número total de casos. La lista quedó registrada de la siguiente manera: Tucumán con 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja con 1.060 divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados; Jujuy con 652; Corrientes con 518; Salta con 434; Río Negro con 198; Córdoba con 194; Formosa con 180; y Santa Cruz con 128.
Esa misma fuente confía que todos esos empleados ya fueron identificados y ya se determinó que se les dé de baja el plan social. El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas 10 provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″.
Si bien por el momento solo se habla de más de 8.500 casos, cuando se entrecrucen los datos de las demás provincias, eso puede cambiar radicalmente. Ese artículo calcula que podrían tratarse de más de 20 mil personas en las mismas condiciones, si se llegan a sumar la información de los municipios locales.
Con estos datos, Marijuan acusa a los implicados de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la administración pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Hasta el inicio del mandato de Javier Milei “el mayor programa del ex Ministerio de Desarrollo Social era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, desde la Secretaría de Economía Social. Y los ministros que estuvieron a cargo de la poderosa cartera fueron Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta y Victoria Tolosa Paz. En las tres administraciones Pérsico siguió a cargo del Potenciar Trabajo”, manifestó ese medio.
Cifras millonarias
Siguiendo lo redactado por ese artículo, todo indica que es muy complejo cuantificar el presupuesto destinado a los sectores más vulnerables que el Estado Nacional habría derivado a quienes no corresponde.
De esta forma, la Fiscalía Federal tomó como uno de sus ejemplos lo ocurrido en la provincia de Jujuy, que registra 652 incompatibilidades. “A través de la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $50.800.000 mensuales”. Esto es $609.600.000 anuales.
Siguiendo con la misma lógica, y redondeando las cifras, el presupuesto mensual derivado a los 8.535 empleados de las 10 provincias que hasta el momento aportaron los datos asciende a $650.000.000 mensuales; más de $7.800.000.000 anuales sin contar con el aguinaldo.
El monto que se paga por el Potenciar Trabajo es equivalente al 50% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), por lo cual la cifra en los últimos meses se fue modificando, pero en la actualidad (en diciembre) es de $156.000. Es así que una persona beneficiada con el Potenciar Trabajo cobra $78.000.
Fuente: INFOBAE
