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La presentación de la jueza nacional María Servini apunta a una jefa de despacho del Juzgado federal con competencia electoral. También fue acusado un médico que habilitaba las reiteradas licencias, según se calificó.
“Tanto que se habla de los empleados que cobran sin trabajar… Yo tengo una”, se la escuchó indignada a la jueza María Servini entrando a su despacho del tercer piso de Comodoro Py 2002. La paciencia de la magistrada había llegado a un límite. Después de infructuosos pedidos de soluciones, Servini se cansó y decidió hacer una denuncia penal contra una empleada que trabajaba bajo sus órdenes. “Que trabajaba” es una manera de decir: desde 2012 hasta noviembre del 2023, es decir 2667 días hábiles, la mujer asistió solamente 414 días, según la presentación a la que accedió Infobae.
Pero además, durante muchos de esos períodos de licencia en que no podía ir a trabajar, la mujer se fue de viaje al exterior. Y así lo mostraba en redes sociales diciendo “aunque te creas dueña de la vida de la gente, la mía no la manejás vos”. La denuncia por defraudación al Estado también alcanzó al médico que habilitaba las prolongadas licencias por razones de salud.
La apuntada se llama Gabriela Dunzelmann Novaro y tiene un cargo desde hace muchos años como jefa de despacho del juzgado electoral porteño. Según la jueza, cobra unos dos millones de pesos más antigüedad. Había llegado allí por recomendación de su madre, “una buena empleada”, pero -dicen en el juzgado de Servini- desde hace unos doce años comenzó a cambiar su actitud. En su entorno notaban que a la mujer no le interesaba el mundo judicial y le gustaba explorar su veta artística.
Y de hecho así lo confesó al ser entrevistada por una junta médica en 2019. “Lo mío es el teatro, la escena (…) Ese fue siempre mi error, no dedicarme a hacer lo que me gusta. Nunca me animé a dejar un trabajo seguro, porque eso significa ganar una cuarta parte de lo que yo gano... ” En su entorno de trabajo, nadie nunca entendió por qué no renunció ni aceptó las sugerencias de jubilarse.
“El problema, claro está, no es esta frustración en sí, sino la forma en que lidió con ella, y los recursos utilizados para continuar percibiendo sus haberes sin tener que trabajar porque, según refirió, la Justicia no colmaba sus expectativas artísticas”, dijo la jueza. Según el reporte que consta en la denuncia, en el análisis que se le hizo la empleada dijo que “odiaba todo lo que tenga que ver con el Derecho”. Y que le parecía una “injusticia” que no la hubieran dejado irse un rato antes de su trabajo.
“Se evidencia falta de actitud reflexiva, especialmente en la justificación de su conducta transgresora. Escasa autocrítica, si bien es hipercrítica hacia los demás. Escasa tolerancia a la frustración que la lleva a conductas de ‘acting out’. Refiere que solicitó salir antes de hora y su jefa se lo negó”, se detalla.
Lo dijo así: “Me enojó tanto esa injusticia, porque por ley nosotros tenemos 10 días en el año para retirarnos antes y me lo negaron y yo no había faltado en todo el año. A todos los acomodados nadie les dice nada y yo que pedí irme un poco antes no me dejaron. Me descompuse por eso y terminé internada“. Tal fue su enojo que terminó con licencia laboral y varios meses sin ir a su trabajo ”
“Dicho más claro, la propia Dunzelmann expuso, según nos cuenta la especialista médica, que como una vez no la dejaron irse temprano sin motivos válidos, ‘se enojó’ y directamente se tomó licencia por varios meses como una suerte de ¡represalia contra el sistema’, lo que pone en tela de juicio -una vez más- la seriedad científica de las certificaciones médicas empleadas para justificar estas ausencias sin dejar de percibir sus haberes”, señala la denuncia.
Los diagnósticos médicos hablaron de un cuadro de bipolaridad. Un cuadro que, con una medicación calibrada, permite una vida laboral activa, y del que la propia jueza, a esta altura, se permite dudar, después de haberla enviado a revisar en el Hospital Borda: “No presenta afección psiquiátrica en curso que le impida desempeñar sus tareas laborales habituales”, fue la conclusión a la que llegaron en ese centro de Salud.
Es por eso que también denunció al profesional Andrés Mega, quien se define en redes sociales como “Psiquiatra, Psicoterapeuta y Legista. Profesor Universitario en Medicina. Psiquiatra Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” ya retirado.
“La nombrada habría montado, de manera sistemática y continuada a lo largo del tiempo, todo un elaborado plan alrededor de una posible enfermedad mental al solo efecto de percibir sus haberes sin trabajar, recurriendo a tal fin a licencias por enfermedad de largo tratamiento”, sostuvo la jueza. Pero en esos períodos de enfermedad, la mujer paseó por el mundo “fuera de los lapsos legales” y así lo mostraba en sus redes sociales”, aseguró la denuncia penal presentada esta mañana.
La jueza sostuvo además que para llevar adelante la maniobra se usaron “documentos ideológicamente falsos, para lo cual habría resultado indispensable la necesaria elaboración del Dr. Andres Mega. En total, a lo largo de los años, la mujer aportó 68 certificados firmados por Mega “a los fines de percibir sus haberes estando al mismo tiempo de licencia, y este dato, aisladamente considerado -aunque, por supuesto, no se trata de un dato aislado-, debería poner en tela de juicio su contenido, pues resulta llamativo que una persona bajo tratamiento y supuestamente medicada posea tantas y tan frecuentes descompensaciones”.
Para entender el escenario hay que comprender cómo es el sistema que rige en Tribunales para los empleados. Con 45 días de vacaciones, los empleados pueden acceder a un período de hasta dos años de licencia médica con goce de sueldo siempre que pueda justificarse. Pasado ese período, ya no se paga más el sueldo. En este caso, dice la denuncia, la empleada volvía cuando llegaba esa fecha límite. A los seis meses, podía volver a entrar en licencia médica extraordinaria.
Pero en la denuncia se sostiene que, aún en ese semestre que volvía a estar “activa”, la mujer pedía licencias médicas ordinarias, permiso para cuidar un familiar enfermo, mudanzas y jornadas de paro. “Usaba todos los resortes conseguidos para el derecho de los trabajadores para un fin abusivo y distorsionado”, señalan en el entorno de Servini.
En esos períodos de licencia, los empleados, compañeros del juzgado, veían cómo la mujer subía fotos en sus redes sociales. “Utilizaba los períodos de licencia -por si fuera poco- para poder vacacionar alrededor del mundo fuera de los lapsos legales para eso, jactándose de ello de manera pública en redes sociales”, afirma la presentación de la jueza. Incluso, en uno de esas fotos, la mujer afirmó: “Aunque te creas dueña de la vida de la gente, la mía no la manejás vos”. Algunos suponían que era un mensaje para la magistrada, que había ordenado profundizar sobre su cuadro clínico.
El tema de los viajes es crucial para la jueza a la hora de valorar el escenario. En 2012, con licencia por largo tratamiento por enfermedad, viajó 10 días de julio a Brasil y tres días en febrero. En 2013, con la misma licencia, volvió entre el 19 al 29 de julio a las “cálidas playas” cariocas. En 2014, no fue la excepción: “La licencia por enfermedad no le impidió disfrutar de la temporada alta del verano europeo, y estuvo en España desde el 23 de julio al 7 de agosto”. En 2016, en marzo fue a Uruguay, de julio a agosto a España, en noviembre a Chile y en diciembre volvió a Uruguay. Ya para 2018, en su cuenta de Instagram, la empleada subió fotos por Europa y Punta del Este y añadió: “Y así voy a seguir por el mundo, cuando YO quiera, en el momento en que YO quiera”.
Cuando la jueza advirtió los viajes de la mujer, la respuesta fue que su enfermedad no le impedía viajar. “Llama la atención entonces no solo que las ‘anormalidades en la marcha y de la movilidad’ y ‘otros trastomos extrapiramidales y del movimiento’ no le impidieron movilizarse al exterior, afrontando viajes, traslados, controles migratorios y estancias en la playa, sino que en el mismo día en que se emitió el certificado que daba cuenta de esos supuestos padecimientos, Novaro Dunzelmann se encontraba viajando a Brasil lo que, otra vez, vuelve a poner en tela de juicio la validez” del certificado.
Esa jactancia o “provocación directa” de exhibirse viajando, dijo la jueza, “tuvo lugar tan solo unos pocos meses después de que los especialistas del Borda concluyeran que Dunzelmann ‘no presenta afección psiquiátrica en curso que le impida desempeñar sus tareas laborales habituales”. Fue en 2018 cuando la revisó el servicio de Medicina Legal del Borda. Los profesionales notaron que la mujer les dijo que en 2016 había sufrido un brote psicótico, pero los síntomas que relató no cuadraban con una descompensación de esa características en un cuadro bipolar. “Su relato no termina de cerrar”, dijeron. Por eso Servini le ordenó un sumario.
“Esto podría resultar casi anecdótico sino fuera porque la situación comentada -empleo abusivo del sistema legal de licencias para cobrar sin trabajar- no se hubiera continuado repitiendo luego de manera sistemática, lo que motivó la realización de la junta médica en el Cuerpo Médico Forense de la Nación. En ese momento, Dunzelmann aportó un certificado de discapacidad emitido el 12 de julio de 2017 con diagnóstico de ‘otras fallas en la coordinación. Anormalidades en la marcha y la movilidad. Trastorno afectivo bipolar’”.
Durante uno de los controles, de 2019, una médica le indicó que se realizara una interconsulta con neurología. Pero la empleada le dijo que no podía ir. Cuando le preguntaron por qué, la respuesta fue: “Esta noche me voy a San Luis. Voy a ir a veranear ahí. Toda mi familia está allá. No puedo quedarme a hacer ningún estudio”. No era la primera vez que faltaba a un control médico por estar de vacaciones. Cuando finalmente le hicieron el examen neurológico, el resultado fue “deterioro cognitivo muy leve”.
Casi en simultáneo, relata Servini, apareció un certificado del médico Mega, diciendo que continuaba asistiendo a la empleada “en fase de recuperación de un cuadro de descompensación de su trastorno bipolar” y volvió a insistir en que no estaba en condiciones de volver a trabajar. “El certificado fue confeccionado el 2 de febrero de 2019, misteriosamente un mes adelante en el futuro, dando cuenta de supuestos padecimientos que todavía no se habían producido”, dijo Servini.
“No se trataría de infracciones aisladas pero reiteradas, sino de un único y mismo plan que se habría extendido a lo largo del tiempo mediante un procedimiento perfectamente sistematizado y fríamente organizado, según el cual los períodos de ‘surgimiento’ y ‘estabilización’ de su enfermedad coincidieron con los lapsos mínimos necesarios que reclama la reglamentación administrativa para poder volver a solicitar una licencia sin perder el goce de haberes”, afirmó Servini.
Un detalle que marcó la jueza: los “brotes” de la empleada del juzgado electoral coincidieron “siempre con los años en que, casual o causalmente, había elecciones, que son justamente los de mayor volumen de trabajo en una secreataria” de ese fuero.
“Desde 2012 a la fecha, y mediante el recurso al abuso del sistema legal de licencias, Dunzelmann evitó tener que trabajar en la friolera de 13 elecciones, que es justamente cuando más se la necesitaba. No es de extrañar entonces que, a lo largo de estos años, solo haya trabajado únicamente tres fines de semana en los comicios de 2015″: en esos días era cuando más se paga la hora extra laboral.
El 19 de diciembre pasado, la Cámara Nacional en lo Electoral la cesanteó por esta cadena de inasistencias. Pero hasta ahora, esa cesantía no se efectivizó. La mujer presentó dos nuevos certificados de su médico psiquiatra particular. En uno de los certificados se indicaba que la mujer padecería “timia displacentera y trastorno del sueño”. En el segundo, “hipertimia displacentera, hipobulia y trastorno de sueño. Los especialistas del Cuerpo Médico Forense aconsejaron la prórroga de la licencia hasta el 28 de febrero próximo.
En ese contexto es que se decidió cerrar el sumario, informar de la situación al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, y disponer la denuncia. Le tocó por sorteo al juez federal Julián Ercolini.
Texto: Patricia Blanco, periodista de INFOBAE
