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El Ministerio Público Fiscal de Viedma formuló cargos contra un hombre y una mujer que, a través de mensajes públicos y privados de redes sociales y más de 10 números de teléfonos celulares distintos, amenazaron a quien había sido pareja de la imputada y a toda su familia.
Las amenazas, explicó en la audiencia la Fiscalía interviniente, fueron efectuadas en principio sólo por la mujer quien por el término de un mes “de forma anónima desde diversos perfiles de la red social Facebook” envió mensajes públicos y privados a la víctima que quería terminar una relación afectiva que los unía. Los mismos se repitieron por mensajes telefónicos.
La Fiscalía agregó que tal comportamiento se repitió – sumando en esta oportunidad al imputado- extendiendo las amenazas a familiares del damnificado, entre ellos sus dos hijos menores de edad. “Las variadas amenazas estaban dirigidas a atentar contra la integridad física del denunciante y su grupo familiar, contra el vehículo de su propiedad y los domicilios de todos”.
La intención, agregó la fiscal, era que la víctima se mudara de su domicilio o que abonara a los imputados una suma determinada de dinero. Incluso, las amenazas incluyeron el incendio del automóvil del hombre que efectivamente fue cumplida.
Estos nuevos mensajes permitieron avanzar en una primera causa que no tenía elementos suficientes, por lo que ambos hechos se unificaron y con nuevos indicios se reanudó una extensa investigación que incluyó el secuestro y análisis de teléfonos y de redes sociales, la recepción de diversas declaraciones testimoniales, entre ellas la de la ex pareja del hombre y madre de sus hijos quien también recibió mensajes que la atemorizaron.
Todas las declaraciones fueron acompañadas de capturas de pantallas que aportaron quienes recibieron este tipo de mensajes.
Para avanzar en la identificación de los imputados fue importante, además del trabajo del Cuerpo de Investigaciones judiciales de la Policía de Río Negro, la labor de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General. Los mensajes se enviaron desde un mismo aparato, pero se adquirieron para hacerlo más de una decena de chips. Para determinar esto se analizaron más de 50 dispositivos móviles secuestrados.
Este organismo elaboró informes detallados de los movimientos de las líneas involucradas, los impactos de todas ellas en los IMEI investigados y los resultados de las pericias efectuadas a los elementos secuestrados entre ello dispositivos, tarjetas Sim y tarjetas de memoria.
La calificación legal de los hechos endilgados a los imputados es la de coacción y amenazas ambos delitos agravados por su anonimato. A ambos se le impusieron además medidas cautelares entre ellas la prohibición de acercamiento y contacto por sí o por terceros y a través de cualquier medio tanto al hombre como a sus familiares directos por el plazo de cuatro meses en los que se llevará adelante la investigación penal preparatoria.
FUENTE: MINISTERIO PUBLICO FISCAL / VIEDMA
