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Las cuatro personas imputadas en la investigación judicial por fraude a la obra social IPROSS fueron condenadas ayer en Roca.
De esta manera, fueron declaradas penalmente responsables del delito de “estafas reiteradas agravadas por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”. El veredicto fue unánime del Tribunal de Juicio integrado por Laura Pérez, Oscar Gatti y Luciano Garrido.
En la audiencia se expusieron oralmente los fundamentos centrales del veredicto. La próxima instancia será el juicio de cesura, en el que se discutirá y definirá el monto de la pena que corresponderá a cada uno, en función de los hechos acreditados.
Por los mismos delitos y ante otro Tribunal, en 2022, fueron condenadas dos farmacéuticas en el marco de un juicio abreviado en el que aceptaron la culpabilidad y una pena de tres años de prisión condicional.
Ayer, al finalizar la exposición del veredicto, el equipo del Ministerio Público Fiscal conformado por la fiscal jefa Teresa Giuffrida y los fiscales del caso Gastón Britos y Marcelo Ramos y el abogado querellante que representa al Estado Provincial como víctima, solicitaron que se mantengan todas las medidas cautelares que pesan sobre las cuatro personas. El Tribunal admitió el planteo por unanimidad. Definió que deberán presentarse lunes por medio ante la fiscalía para acreditar que permanecen a disposición de la justicia, que ninguno podrá salir del país y que se mantendrán legalmente inhibidos para disponer de sus bienes.
Además, se mantuvo bajo embargo el dinero de la última partida que Ipross depositó a los farmacéuticos en el marco de la estafa pero que éstos no alcanzaron a cobrar por el bloqueo que impuso la investigación judicial.
Coautoría en duplas
El veredicto puso en un rol central a la ex auditora del Colegio y determinó que cada uno de los farmacéuticos imputados fue “coautor” con ella de cada uno de los delitos cometidos. Si bien el Tribunal destacó el vínculo y el conocimiento que todos tenían entre sí, precisó que cada uno era independiente en su posibilidad de continuar o no con las maniobras en connivencia con la auditora.
Los hechos de la acusación se organizaron en cuatro modalidades (en el juicio se las identificó como hechos 1A, hechos 1B, hechos 2 y hechos 3). Cada modalidad explica una maniobra distinta para simular ventas de medicamentos supuestamente recetados a afiliados de Ipross.
Se trataba de remedios para enfermedades como epilepsia y diabetes, que tenían cobertura al 100% de la obra social. En los sistemas informáticos que compartían las farmacias de los acusados y el Colegio de Farmacéuticos se cargaron, validaron y facturaron medicamentos que no figuraban en las recetas, o se agregaron cantidades o medicamentos extra a recetas que ya estaban validadas o directamente se crearon recetas ficticias.
El Tribunal explicó en su fundamentación que “usaron al Colegio de Farmacéuticos para lograr el pago viciado del Ipross”. Lo hicieron presentando a la obra social rendiciones quincenales de recetas que habían sido adulteradas manual o digitalmente. Los delitos fueron cometidos entre diciembre de 2013 y abril de 2019.
El delito de estafa se configuró, según explicó el Tribunal, porque se dieron los tres elementos básicos de esa figura delictiva.
Uno es el “engaño” intencional de los imputados al Ipross, a través de la manipulación de los sistemas informáticos y del conocimiento que tenían sobre los circuitos administrativos y de control, aprovechándose de un convenio con la obra social que les asignaba las principales tareas de auditoría al propio Colegio.
Otro es el “error” en el que efectivamente cayó a la obra social, como consumación del engaño, que llevó a la entidad estatal a pagar por remedios inexistentes.
Y el tercero es la “disposición patrimonial”, es decir, las transferencias millonarias de dinero que Ipross hizo a los farmacéuticos por la cobertura de medicamentos que ellos jamás habían vendido. Allí radica el perjuicio económico al Estado, que en 2019, al inicio de la investigación, se calculó en 66 millones de pesos. Según el veredicto de hoy, ese valor actualizado a diciembre de 2023 arroja un total de 2.400 millones de pesos.
Más de 570 estafas
Para el Tribunal, cada rendición quincenal de recetas al Ipross fue una estafa independiente. No se trató, como alegó una de las defensas, de un único delito continuado a lo largo de los años.
El veredicto explicó que en cada envío, la ex auditora y cada farmacéutico compartieron el “dominio funcional” del hecho y tuvieron una intervención esencial. Para cada hecho hubo entre ambos “un plan común” y un reparto de beneficios.
En ese sentido, la auditora fue declarada responsable de un total de 574 estafas, distribuidas en las cuatro modalidades clasificadas por la acusación. En su mayoría son hechos cometidos en coautoría con alguno de los tres farmacéuticos, en tanto que otros corresponden a la farmacia involucrada en la condena de 2022 y a la farmacia de un familiar fallecido de la imputada.
Uno de los farmacéuticos fue declarado penalmente responsable de 249 estafas en coautoría con Fasano, en las cuatro modalidades. Otro de los imputados fue condenado por 122 hechos en todas las modalidades, siempre en coautoría con la auditora, y finalmente el último fue declarado culpable de 107 estafas en tres modalidades distintas, como coautor con la ex auditora.
Tres de los imputados fueron absueltos por algunos pocos hechos de la modalidad 3, al no haberse acreditado si se trató de ventas de medicamentos reales o ficticias.
FUENTE: MINISTERIO PÚBLICO FISCAL / GENERAL ROCA
