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La Fiscalía de Viedma acusó a una mujer de haber usurpado una vivienda perteneciente a la Fundación local “Creando Futuro”. La resolución fue después de tres jornadas de debate judicial oral y público, la instancia de producción de prueba y los alegatos de clausura. El veredicto se conocerá el próximo martes.
En primer término, fue el fiscal interviniente quien solicitó que se declare a la mujer responsable penal del delito de usurpación y se disponga el desalojo de la vivienda, que fue ocupada por ella en tiempos de pandemia, cuando la Fundación había suspendido las actividades presenciales que allí se desarrollaba.
No obstante ello, el fiscal fue claro al destacar que “nunca quisimos llegar a juicio con este caso” explicando cada una de las salidas intermedias que buscaron para solucionar pacíficamente esta situación. “Hicimos 15 audiencias anteriores a este debate, quisimos realizar criterios de oportunidad e incluso aplicamos una suspensión de juicio a prueba. Todo ello no pudo materializarse porque la señora tenía la obligación de entregar la vivienda y nunca lo hizo”.
“Como fiscal hubiera preferido resolver esta causa y la situación que la produjo, pero no ha sido posible a pesar de nuestra voluntad que incluso llegó al límite de involucrarnos en la gestión de subsidios con las áreas de Desarrollo Social”, dijo.
Agregó que la defensa “no acreditó -como había adelantado- el estado de necesidad de la mujer” ni que ella hubiera ingresado con llave sin cometer delito alguno a una vivienda que “es propiedad de la fundación Creando Futuro y a la que ingresó a mediados de 2020 tal como ella misma admitió y corroboraron testigos”.
Los testigos en juicio corroboraron qué actividades se desarrollaban allí, dijeron que en un primer momento la vivienda era cuidada por una pareja que tuvo problemas de convivencia con los vecinos del lugar y que, cuando ellos se fueron, se pusieron candados que fueron dañados para poder ingresar, en plena instancia de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado a partir del brote de coronavirs.
“La mujer despojó de la posesión pacifica que ostentaba la organización y desde ese momento, hace tres años, se encuentra viviendo en el lugar a pesar de todos los intentos por parte de la fiscalía. Por ello pedimos que se la declare responsable del delito de usurpación y se ordene el desalojo”.
Seguidamente, desarrolló su alegato la defensa pública que negó que en el momento en que la mujer ingresó, funcionara allí la institución y dijo que -junto a sus hijos- lo hizo de día. “No se produjo el ingreso en clandestinidad y la vivienda estaba abandonada, el tipo penal protege la posesión y tenencia, no habla de la propiedad”, aclaró.
“La señora no tenía donde vivir y se contacta con quien tenía a cargo el cuidado de la vivienda e ingresa a ella junto a sus cuatro hijos de día, no hay aquí avance violento contra la vivienda. Ingresó con la llave a un departamento que estaba destruido”.
Desarrolló en esa línea su alegato, destacó el estado de necesidad, negó que se hubiera probado la rotura de candados y rejas (hecho que sucedió después de que la mujer estuviera adentro) y finalmente pidió la absolución de su defendida.
La lectura del veredicto por parte del juez de juicio que encabezó el debate se realizará el martes 16 de abril a las 8:30 horas
MINISTERIO PUBLICO FISCAL / GENERAL ROCA
Imputación por coautoría de usurpación
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a ocho personas coautoras del delito de “usurpación”, según los artículos 181 inc. 1ro. y 45 del Código Penal.
Según la acusación fiscal, “el hecho habría ocurrido el jueves 14 de marzo pasado, alrededor de las 12.15, en el sector de la ex biblioteca ubicada entre el Teatro de la Estación y la Dirección de Turismo, ubicada en 25 de Mayo, entre España y Maipú, de General Roca, cuya posesión y administración ostenta la Municipalidad de General Roca”.
“En dichas circunstancias, ocho personas, y al menos 30 más aún no identificadas, cuando dos empleados de la Municipalidad estaban acondicionando el lugar, mediando violencia, amenazas e intimidación, empujaron la puerta de ingreso, pese a la resistencia de los empleados y les decían que se vayan. De esta manera, habrían logrado usurpar el lugar, permaneciendo hasta la fecha los imputados antes identificados, impidiendo el ingreso de personal del municipio”, agregaron las representantes fiscales.
Como sustento probatorio para esta instancia se mencionó el acta de constatación de la Comisaría Tercera realizada el 15 de marzo de 2024, además el acta de exposición policial del día de ocurrido el hecho por parte de los empleados municipales, documentación aportada por la Municipalidad de Roca, entrevista realizada a la directora de Turismo municipal, inventario realizado del lugar.
Se agrega el acta de constatación del sábado 6 de abril donde la fiscalía se hizo presente junto a personal policial, disponiendo que las personas que estaban dentro del edificio podían salir pero no ingresar y que se daba autorización que se les brinden víveres y demás cuestiones que necesitaran los de adentro.
La querella, representando a la Municipalidad de General Roca, adhirió a la formulación, y enunció información que agregó como respaldo probatorio.
Por su parte, la abogada particular que asiste a los ocho imputados, solicitó que no se tengan por formulados los cargos, y que se quite la posta policial del lugar. Así mismo, con la asistencia de su abogada de confianza, tres de las ocho personas hicieron uso de la palabra, sin responder preguntar de las partes.
Finalmente, la jueza de Garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos tal lo esgrimido por el Ministerio Público Fiscal para las ocho personas mencionadas, y estableció que la investigación penal preparatoria dure 4 meses.
Medida cautelar
Luego, la fiscalía y la querella solicitaron como medida cautelar que “se prohíba el ingreso de nuevas personas, que únicamente puedan ingresar y salir del lugar quienes fueron imputados en el día de la fecha”, expresó la fiscalía. Además, “pediremos que se quite la custodia policial del lugar”.
Por su parte, la defensora pidió que se rechace el pedido fiscal y el de la querella, que se continúe la investigación sin la aplicación de medidas cautelares, y que se permita el acceso a la biblioteca.
Finalmente, la jueza de Garantías resolvió que para salvaguardar el bien, el espacio donde funciona la biblioteca, no podrán ingresar nuevas personas al lugar, sólo quienes fueron imputados y se retirará la presencia policial del edificio.
Además, se fijó una reunión entre las partes, es decir fiscalía, querella y defensa.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de Río Negro
