Una mujer embarazada de origen boliviano generó un gran escándalo en la localidad de Orán, Salta, al negarse a pagar por su parto en el hospital San Vicente de Paul. Esa situación se produce luego que la provincia de Salta se convirtió en la primera en implementar el cobro a extranjeros por atención médica en el sistema de salud pública.
Medios periodísticos locales informaron que la mujer ingresó al hospital para dar a luz, pero se le notificó que, por no ser ciudadana argentina, debía abonar la suma de $250.000 por recibir atención médica. Esto provocó la indignación de la embarazada, quien se negó rotundamente a realizar el pago.
Según el director del hospital, Alejandro Fabián Valenzuela Pérez, la mujer abandonó el establecimiento en medio de un escándalo y protestas. Alegaba que el padre de su hijo por nacer era argentino, pero al solicitar su documentación, se descubrió que no tenía ninguna unión convivencial ni estaba casada con el supuesto padre.
Sin embargo, unas horas más tarde, la mujer regresó al mismo hospital en pleno trabajo de parto. Dado que se trataba de una situación de emergencia, el equipo médico la atendió de inmediato, amparados por la normativa que prohíbe negar asistencia a extranjeros en dichas circunstancias.
Una vez que la mujer dio a luz, se negó nuevamente a pagar la cuenta y decidió retirarse del hospital sin abonar. Ante esta situación, el director del nosocomio decidió presentar una denuncia contra la ciudadana boliviana por negarse a pagar el costo de su parto siendo extranjera.
El incidente pone en evidencia la implementación de un decreto firmado por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, el pasado 29 de febrero, el cual establece el cobro de atención sanitaria a extranjeros. Esta medida ha generado una marcada disminución en la atención médica a ciudadanos extranjeros, alcanzando una caída del 90 por ciento en tan solo 30 días.
Ante esta situación, se abre un debate sobre los derechos y la equidad en cuanto a atención médica se refiere. Algunos argumentan que es necesario regular y cobrar a los extranjeros por la atención en salud para aliviar la carga del sistema, mientras que otros sostienen que todos deberían recibir atención médica gratuita, independientemente de su nacionalidad.