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Otra vez, funcionarios rionegrinos de máximo nivel examinaron la situación vinculada al control de ausentismo laboral, la desvinculación voluntaria y los ingresos a la administración pública.
“La provincia se encuentra trabajando en políticas que promuevan el presentismo, ultimando detalles y viendo la posibilidad de hacer cambios en leyes provinciales como en decretos para llevar adelante el control del ausentismo con todas las cuestiones legales para que se pueda implementar desde el 1 de septiembre”, aseguró Tania Lastra, secretaria de la Función Pública de Río Negro.
“Para eficientizar el Estado debemos llegar a una modernización y en esto hay aspectos para trabajar como lo son que las notificaciones a empleados puedan ser digitales, por ejemplo, por lo que vamos a avanzar rápidamente con la Fiscalía de Estado”.
Sobre la desvinculación voluntaria, Lastra comentó que “se está haciendo un análisis de la ley que ya está en vigencia y cuál es su avance, con la revisión de la cantidad de gente que está pidiendo adherirse a este régimen”.
Agregó: “El gobernador nos dio la responsabilidad de tener también el control de los ingresos de las personas a la administración pública, con lo cual hemos repasado cuestiones que tienen que ver con este tema, como también las promociones y adicionales que los agentes (públicos) perciben”.
“El proceso de ordenamiento del Estado que está llevando adelante el gobierno de Río Negro es para hacerlo más eficiente y moderno”, consignó otro párrafo del comunicado gubernamental.
Río Negro: Dejaron cesantes a 8 empleados públicos y echaron a uno por causa penal
Como parte del proceso de intensificación en la revisión del Estado y control, la Junta de Disciplina de Río Negro pone énfasis en las sanciones a agentes públicos ante reiteradas faltas laborales.
En la última reunión de ese organismo, trataron 17 expedientes con conclusión sumarial, dictando sanciones de diversa índole y evidenciando “un fuerte enfoque en el orden y la disciplina”.
De lo tratado, ocho casos resultaron en cesantías, una medida que implica la separación definitiva del servicio. Esas sanciones estuvieron vinculadas principalmente a inasistencias continuas y abandono de servicios. Dos de las cesantías se relacionaron con causas penales, aunque sin condena de cumplimiento efectivo.
Se registró también una exoneración debido a una causa penal con pena de prisión efectiva y cuatro agentes recibieron sanciones menores de suspensión, oscilando entre los 10 y 30 días.
Se destacó oficialmente que, tras finalizar el primer semestre del año, se contabilizaron 38 sanciones expulsivas, lo que subraya “el compromiso de la Junta de Disciplina y sus instructores sumariantes en garantizar un alto estándar de conducta en la administración pública”.
