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El gobierno de Río Negro propuso disolver y liquidar cuatro Entes de Desarrollo: de la Margen Sur de los ríos Limay y Negro de Cipolletti; de Cinco Saltos, Cordero y Campo Grande; del Valle Medio; y de la Cordillera, y la Agencia de Innovación y Economía del Conocimiento “Río Negro Innova”.
En el caso de los Entes de Desarrollo, el gobierno rionegrino argumentó que “han tenido por resultado un bajo rendimiento en términos de consecución (el proyecto oficial consignó equivocadamente el término “consecusión” en los objetivos de su creación e impacto en el desarrollo”.
A continuación alcances y argumentos de las propuestas gubernamentales.
Se propicia la sanción de una ley que dispone la disolución y liquidación de los entes denominados:
“Ente para el Desarrollo de la Margen Sur de los ríos Limay y Negro de Cipolletti (EN.DE.MA.S.)”
“Ente para el Desarrollo de las ciudades de Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y Campo Grande, del Lago Pellegrini, Península Ruca Có y Perilago (EN.DE.CIC)”.
“Ente de Desarrollo Regional del Valle Medio (EN.DE.VA.M.)
“Ente de Desarrollo de la Cordillera de la Provincia de Río Negro (ECO-Río Negro)”.
“Oportunamente, mediante las leyes citadas en el párrafo anterior, se crearon esos distintos entes, como organismos rectores para la planificación y ejecución de acciones relacionadas con el desarrollo de distintas áreas provinciales, previendo que funcionen como personas de derecho público, con autarquía financiera y presupuestaria y domicilio en el área de su influencia”.
“Luego de transcurrido un tiempo prudencial desde la creación de cada uno de los entes mencionados, se advierte que por distintas razones en cada caso, han tenido por resultado un bajo rendimiento en términos de consecusión (textual) en los objetivos de su creación e impacto en el desarrollo”.
“Se hace conveniente, en consecuencia, revisar los presupuestos que fueron tenidos en miras al momento de su creación, considerando que el mantenimiento de los mismos no aparece como una estrategia razonable para alcanzar los fines que se tuvieron oportunamente en cuenta para crearlos, sino por el contrario implicarían una gestión ineficaz de los recursos púbicos”.
“En suma, los mencionados Entes no han provocado avances significativos en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades locales ni en la promoción de actividades económicas sostenibles, por lo que se impone evaluar otras estrategias de intervención estatal distintas, por intermedio de otras estructuras y organismos del Estado”.
“Por tratarse de Entes estatales de derecho público, su patrimonio es en definitiva, estatal. Son entidades de “propiedad” del Estado, en el sentido de que el Estado puede suprimir los Entes y establecer el destino de sus bienes y fondos, como resulte más conveniente a los intereses públicos, disponiendo de ellos como propios. Si bien, cada Ente aparece formalmente como el “propietario” de sus propios bienes, en rigor de verdad, por la razón preindicada, resulta serlo el Estado (en sentido similar se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Provincia de La Pampa c/ Consejo Nacional de Educación, año 1962, fallos, 252: 375/80; citado por Marienhoff, p. 443-4). Esta es, al mismo tiempo, la nota distintiva entre las entidades estatales y no estatales”.
“De allí, que debe ser el Poder Ejecutivo Provincial quien, de acuerdo a lo establecido por Ley H Nº 3.186, artículo 93, una vez liquidada íntegramente la entidad estatal, resuelva el destino final de los bienes que integran su patrimonio”.
También se procura disponer la disolución y liquidación de la Agencia de Innovación y Economía del Conocimiento “Río Negro Innova”, creada por ley.
“El 10 de diciembre de 2.023, la provincia de Río Negro consagró por primera vez en su historia con el dictado de la Ley N° 5.683, un Ministerio que contempló dentro de sus competencias específicas, la modernización del Estado. Este proceso se acentúa a la fecha, con la promoción del dictado de una nueva ley de Ministerios, en el marco de la cual la Modernización es remarcada como uno de los objetivos centrales de la gestión estatal, convirtiéndose en competencia específica de un ministerio que estará avocado a la materia”.
“En virtud de lo expuesto, se entiende que la subsistencia de una Agencia estatal en paralelo con un área ministerial específica que contempla competencias superpuestas, llevaría al riesgo conflictos de competencia y errores interpretativos que es necesario evitar”.
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