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Decidido a avanzar con la reducción de personal en las empresas públicas, con vistas a su posible privatización o concesión a manos privadas, el gobierno ya destinó $215.000 millones para pagar los retiros voluntarios y prejubilaciones de 6.280 empleados en compañías estatales. Los datos surgen del informe del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la Cámara de Diputados a principios de este mes, y de la consulta de Infobae a las propias empresas públicas involucradas.
El ranking lo lidera el Correo Argentino con 2.986 retiros, que le implicarán, en total, al Estado $99.880 millones. Según informaron desde la empresa, el programa de retiros sigue abierto. Por el programa de retiros voluntarios, la dotación se redujo en un 18,8% con respecto al total relevado a enero 2024. La empresa postal pasó de 16.775 empleados a principios de año, a 12.800 empleados actualmente, según precisaron desde la firma, o sea, 3.975 personas menos.
Por presión de la oposición, la empresa postal finalmente quedó fuera del listado de las empresas a privatizar en la negociación de la aprobación de la Ley Bases. Cuenta actualmente con 1.426 sucursales propias en el territorio nacional que prestan servicios varios en lugares alejados del interior. “Por el proceso de modernización, las oficinas propias se redujeron en un 3,9% con respecto a las existentes hasta diciembre de 2023. Vale mencionar que este proceso contempla la apertura de 5.000 puntos de recepción y distribución logrando un mayor alcance geográfico, llegando a más puntos en todo el país, permitiendo mantener y mejorar la calidad del servicio”, informaron a Infobae desde la compañía.
El Correo Argentino tiene a cargo, además, la distribución de las urnas y el material electoral en las elecciones y, luego del comicio, el resguardo de las urnas. Por este motivo, la reducción de su personal en casi 4.000 trabajadores generó preocupación en la Justicia Electoral de cara a la realización de las elecciones del año próximo que le pidió a la empresa pública que le informe sobre los alcances de su plan de ajuste y cómo afectaría la organización de los comicios. Desde la empresa aseguraron que “Correo Argentino seguirá brindando la logística electoral, como establece el Código Nacional Electoral, sin variaciones. Históricamente, contrata personal eventual para este proceso para cumplir todas las tareas relacionadas con la elección. En 2025 se conducirá de la misma manera”.
Le sigue AySA, a cargo de la provisión de agua y obras de red y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con 1.300 trabajadores que adhirieron al plan de retiros voluntarios, con un desembolso total desde el erario público de $39.000 millones para financiar las salidas. “Con estos resultados, se considera cumplido el objetivo planteado en abril, al inicio de este plan, y se ha dado comienzo a un Plan de Reconversión Laboral dentro de la empresa”, informaron desde la empresa postal pública.
Con un total actualmente de 6.458 empleados, según el número informado por la empresa, es la cuarta empresa estatal en cantidad de personal. Tuvo una reducción de 1.311 personas desde enero pasado. En la versión de la Ley Bases aprobada a finales de junio, AYSA podrá incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, pero deberá conservar el control mayoritario por parte del Estado.
En tercer lugar, aparece Aerolíneas Argentinas con 1.076 empleados que aceptaron el retiro o la prejubilación, en dos tandas, una en marzo y la segunda abierta en julio. En total, implicaron hasta ahora $58.732 millones. “El gasto es variable porque mes a mes se van consumiendo fondos para el pago de cuotas de los prejubilables”.
Según explicaron desde la presidencia de Aerolíneas, los retiros y las prejubilaciones son parte de un universo de gente en el mismo programa, que incluye dos formas de retirarse de la empresa: uno es un retiro anticipado gratificado, en el que se pagan un plus por dejar la compañía; y el otro es prejubilatorio, al estar cerca de la edad de jubilación, con pagos en cuotas que le permite a la empresa ahorrarse el pago de los aportes, entre otros ítems. En total, incluyendo fallecimientos, renuncias, despidos con y sin causa, el número asciende a 1.350 según informaron desde la empresa. Hoy, la aerolínea de bandera cuenta con 10.486 trabajadores, según le confirmó la empresa a Infobae.
Si bien también quedó excluida de la ley Bases como entre las empresas públicas sujetas a privatización, esta semana empezó el debate para privatizarla en las comisiones de Transporte y Presupuesto de la Cámara baja, a partir de dos proyectos de los diputados Hernán Lombardi (PRO), que cuenta con el apoyo del oficialismo, y de Juan Manuel López (Coalición Cívica). Y el viernes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sorprendió con el anuncio de que el presidente Javier Milei firmará un decreto para poner a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización. Se amparará en el artículo 9 de la ley de reforma del Estado, número 23.696 sancionada durante el menemismo para avanzar en ese sentido.
Luego aparece entre las empresas públicas con mayor cantidad de retiros voluntarios la agencia estatal Télam con 346 retiros voluntarios que le costaron al Estado $7.587 millones. En febrero, el Gobierno había dispuesto su intervención y a principios de marzo amaneció vallada. Sus 781 empleados fueron licenciados. Desde entonces, casi la mitad se acogió al retiro voluntario.
En la apertura de las sesiones ordinarias de este año, Milei había adelantado que la cerraría por haber sido utilizada “como agencia de propaganda kirchnerista”. Sin embargo, el 1 de julio, salió publicada en el Boletín Oficial la transformación de Télam en la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APESAU), destinada a manejar la pauta publicitaria oficial. En simultáneo, el Gobierno planea avanzar con el traspaso de casi 150 periodistas de la ex Télam a la órbita de Radio Televisión Argentina (RTA), para que cumplan tareas en la TV Pública y Radio Nacional. El Gobierno también evaluaba el lanzamiento de una nueva agencia de noticias más chica y “rentable”.
En Radio y Televisión Argentina hubo, a su vez, 118 retiros voluntarios, que le costaron al erario público unos $304 millones. A finales de julio, según datos del INDEC, su planta era de 2.305 trabajadores. Junto con el Correo y Aerolíneas, son las tres que quedaron fuera de la Ley Bases en la votación en el Senado como sujetas a privatización.
En el ranking, a continuación aparece la Fábrica Argentina de Aviones SA (FADEA) con 75 retiros por un monto total de $1.386 millones. Su planta actual es de 773 empleados mientras que a principios de enero de este año era de 917.
En Contenidos Públicos SE, la compañía estatal que conduce las señales de televisión Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar, tuvo 46 retiros entre su planta, con un costo total de $73 millones. La empresa registraba 204 empleados en enero y a fines de julio se redujeron a 181.
Intercargo, la empresa estatal de asistencia en tierra que presta servicios a las principales líneas aéreas, registró 51 retiros voluntarios en su planta por un monto total de $941 millones. A julio pasado, contaba con 1.588 empleados. La empresa que quedó en la mira del Gobierno luego del despido esta semana de tres empleados que habían sido detenidos tras un allanamiento realizado en el Aeropuerto de Ezeiza por el robo en los equipajes de los pasajeros.
En Corredores Viales, la empresa a cargo de la concesión de diez tramos de las rutas, autopistas y autovías nacionales, hubo 39 retiros voluntarios por un total de $908 millones, y otras 11 prejubilaciones por $178 millones. En total, le implicarán al Estado un desembolso de $1.086 millones. Hasta la fecha, de esta cifra se pagaron $627 millones, según informaron desde la empresa a Infobae. “Se les ofreció el pago de un mes por año trabajado más los correspondientes pagos de vacaciones, proporcional de aguinaldo. Es como si hubiese sido una indemnización”, explicaron.
Corredores Viales es una de las que quedó sujeta a privatización en la Ley Bases. En total, los empleados de Corredores Viales sumaban 3.361 a finales de julio último, según datos del INDEC.
Luego le sigue Yacimientos Carboníferos Río Turbio, con 22 retiros, con un costo total para el Estado de $3.283 millones. YCRT – que opera en la provincia de Santa Cruz – cuenta con 2.135 trabajadores, según el número que figura en la Base Integrada de Empleo Público (BIEP), ya que el INDEC no informa su dotación. En la Ley Bases se estableció que la firma, si bien podrá incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, deberá conservar el control mayoritario por parte del Estado.
En Tandanor, a su vez, hubo 11 retiros, y su planta actual es de 432 empleados. El Plan de Retiro Voluntario está vigente hasta el 31 de diciembre, precisaron desde la empresa. Sin embargo, desde la empresa informaron que esos retiros no implicaron un desembolso para el Estado. “En cuanto al costo de los retiros voluntarios de estas 11 personas no ha representado ningún gasto para el Estado ya que los fondos provienen directamente de la empresa, sin impacto en el presupuesto público. Tandanor no recibe fondos públicos, ya que los fondos provienen de las reparaciones navales que realiza la empresa”, aseguraron.
Y en Fabricaciones Militares se registraron 200 retiros, con un costo de $3.305 millones. “El plan no sigue abierto pero en su momento sí tuvimos más personas interesadas de las que teníamos en presupuesto. Así que estamos evaluando el presupuesto necesario para las bajas extras que tenemos pendientes. Se sumarían 63 bajas más las que nos quedan por confirmar. Se concretarán cuando tengamos aprobado el presupuesto para concretarlas”, señalaron desde la empresa. A julio pasado, los empleados de esta empresa que funciona bajo la órbita del Ministerio de Defensa sumaban 1.243.
Texto: Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, Infobae
Visualización de datos: Daniela Czibener
Título y párrafo inicial originales de la nota
Los retiros voluntarios en las empresas públicas suman 6.280 y le costaron al Estado $215.000 millones
Estos números corresponden a la gestión de Javier Milei e incluyen jubilaciones anticipadas como parte del plan para reducir la planta estatal.
