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José María Apud, Gonzalo Regueira y José María Sheveri, ex funcionarios provinciales de la gestión Juntos Somos Río Negro, están siendo investigados por el delito de presunto abuso de autoridad. Se trata de quienes tuvieron directa injerencia en el expediente administrativo que culminó con la compra de un avión con fondos públicos.
El juez de Garantías que encabezó la audiencia, desarrollada ayer en el auditorio del Poder Judicial, en Viedma, tuvo por formulados los cargos judiciales y dispuso la apertura de investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.
Tal lo detallara en la audiencia el fiscal jefe “José María Apud, Gonzalo Regueira y José María Sheverin” habrían sido quienes intervinieron “en el trámite administrativo de la compra de la aeronave Cessna Citation por licitación pública N° 101/2021 instrumentada mediante expediente de la Secretaría General entre el 5/04/2021 y el 13/04/2022 aproximadamente”.
En ese proceso, todos ellos “omitieron cumplir con el artículo 47 de la Constitución Provincial que establece el principio de eficiencia para la administración pública provincial, el artículo 86 de la ley Nº 3186 que dispone que las contrataciones del sector público provincial tienen por objeto permitir un aprovisionamiento eficiente de los bienes y servicios; y los artículos 2, 5, 10 y 12 del reglamento de contrataciones que establecen el aprovisionamiento de bienes y servicios de una manera eficiente, eficaz, económica, al menor costo posible y la defensa de la hacienda pública”.
Según explicó el fiscal, Scheverin – en su calidad de director de Aeronáutica de la Secretaria de Transporte de la Provincia de Río Negro- incumplió con la norma que “dispone como requisito para tramitar una contratación, que la estimación oficial del costo se haga mediante un informe técnico que lo evalúe en forma fundada y razonada acorde a los valores de mercado”.
En ese marco, “suscribió y aportó un informe a sabiendas que el mismo carecía de rigor técnico, fundamentación, evaluación razonada de los costos y documentación respaldatoria que determinase que los valores estimados” para la compra del avión, instalación y equipamiento de internet satelital, gestiones administrativas y equipos requeridos para su uso sanitario “se correspondían con valores de mercado”.
“Por su parte, Gonzalo Regueria, en su carácter de secretario de Administración de la Secretaría General y José María Apud en su carácter de secretario general de la Gobernación incumplieron con los parámetros de eficiencia, menor costo y defensa de la hacienda pública exigida, aprobando la licitación pública”, agregó el fiscal.
En ese marco, estimaron el costo del avión a partir de realizar un promedio entre los valores consignados por Scheverin y la suma de dinero aproximada de la que disponía la provincia para la compra. Además, asintieron y confirmaron el resto de los importes consignados como costos técnicamente estimados.
“Regueira condujo, impulsó y gestionó el avance de la totalidad del trámite de compra mientras que Apud, emitió los actos administrativos pertinentes que declara fracasado el primer llamado a licitación pública y autoriza el segundo llamado, a través del cual se adjudica la venta”.
Al momento de explicar el contexto de la maniobra imputada, resaltó el fiscal jefe lo llamativo de que ambas instancias se produjeran con poco más de 20 días de diferencia, entre el 6 de enero que se declara fracasada la primera licitación y el 1 de febrero de 2022 que se adjudica el avión. “Pleno receso administrativo en el que no obstante, intervinieron en el trámite gran cantidad de organismos estatales”.
En cuanto al sustento probatorio, dijo que se compone de la denuncia penal realizada por un legislador y la totalidad de los informes técnicos realizados en donde surgen las intervenciones de los tres imputados. Enfatizó en que la investigación preliminar consideró especialmente la pesquisa realizada por el Tribunal de Cuentas rionegrino que dispone la intervención de una comisión auditora conformada por tres contadores que “evidencian una gran cantidad de observaciones, no sólo de costos, sino además del trámite administrativo propiamente dicho”.
Se analizó además el informe suscripto por el auditor general que culmina con la imposición de multa a los nombrados, cuya erogación ya fue cumplida. “También se consideraron los descargos que los mismo imputados realizaron en el marco de esa investigación interna”, aclaró el referente del Ministerio Público Fiscal.
Además, se evaluó un expediente del Consejo Federal de Inversión que incluye un informe desarrollado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata a quien se le requiere una tasación que arroja como resultado un valor muy inferior al efectivamente pagado. “Lo llamativo de este informe es que la tasación se requiere y se realiza luego de que la aeronave hubiera sido adjudicada”, aclara el acusador público.
Agregó que se consideró el informe de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que también hace observaciones al proceso de compra e impulsa el juicio de responsabilidad que tramita en el Tribunal de Cuentas.
Finalmente, destacó Peralta que, con toda esta información el Ministerio Público “también realizó su propia evaluación, firmada por el equipo de contadores propio, en el que se reiteran las observaciones y se constata el apartamiento de las normas que dan impulso a la presente imputación”.
En su momento, los abogados particulares de los tres imputados manifestaron consideraciones a la formulación pero sólo uno se opuso a la misma. No obstante, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de Viedma
